1 - La Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común. Respecto de la suspensión del plazo máximo para resolver del art 22 de la presente ley, señale cual de las siguientes opciones considera incorrecta:
Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, se podrá suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido.
Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, se suspenderá el plazo máximo para resolver desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado .
Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, se podrá suspender el plazo máximo para resolver durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado
2 - La Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común. De la actividad de las Administraciones Públicas, en relación al silencio administrativo, señale la incorrecta:
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que una norma de Derecho internacional aplicable en España así lo establezca.
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
3 - Según la Ley 39/2015, el error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente:
Impedirá su tramitación en todo caso.
Provocará su subsanación o requerimiento de la Administración.
No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter.
Se deberá pedir permiso a la alcaldía para subsanar el error.
4 - Una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el recurso de alzada, según la Ley 39/2015:
Sólo puede interponerse ante el superior jerárquico del que dictó el acto impugnado.
Si se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado, dicho órgano deberá comunicarlo al órgano superior jerárquico a los efectos que procedan.
Puede interponerse ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante el competente para resolverlo.
Todas son incorrectas.
5 - Según la Ley 39/2015, ¿cuándo es posible la revocación de oficio de los actos de gravamen o desfavorables?:
Cuando no sea contraria al ordenamiento jurídico, al principio de igualdad y al interés público.
Siempre, en todo caso
Siempre que sea solicitada también por los interesados.
Siempre que constituya dispensa y pueda constituir una exención no permitida por las leyes.
6 - Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, según la Ley 39/2015:
Salvo que reglamentariamente se disponga otro cómputo.
Salvo que por Ley se disponga otro cómputo.
Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo.
Todas son incorrectas.
7 - Según la Ley 39/2015, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente o no incorporados.
Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
Que en la resolución hayan influido testimonios, sean o no, declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de malversación y maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.