1 - El artículo 139, apartado 2, de la Constitución Española de 1978, establece que ninguna:
Comunidad Autónoma podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Provincia podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Administración ni gobierno podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
2 - El artículo 147, apartado 3, de la Constitución Española de 1978, establece que:
La reforma de los Estatutos corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, y requerirá la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación de todas las Diputaciones interesadas o del órgano interinsular correspondiente y de las dos terceras partes de los municipios cuya población represente.
La reforma de los Estatutos corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, y requerirá, en todo caso, la aprobación que corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.
La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
3 - El artículo 168, apartado 1, de la Constitución Española de 1978 establece, que: cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecta al Título Preliminar ....
Al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
Al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
Al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, se procederá a la aprobación del principio por mayoría absoluta de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
Al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría absoluta de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
4 - Según determina el artículo 30, apartados dos, de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha:
El gobierno y la administración autónoma de las provincias corresponde a la Junta de Comunidades.
El gobierno y la administración autónoma de las provincias corresponden a las Diputaciones. La Junta de Comunidades deberá coordinar las actuaciones de las Diputaciones en materias que no sean de interés general para Castilla-La Mancha.
El gobierno y la administración autónoma de las provincias corresponde a la Junta de Comunidades, que delegará, en todo caso, en las Diputaciones la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general para la región.
El gobierno y la administración autónoma de las provincias corresponden a las Diputaciones.
5 - Según establece el artículo 8, de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, los poderes de la región se ejercen a través de:
El Presidente de las Cortes de Castilla La Mancha.
Los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Presidente del Consejo de Gobierno.
6 - Según establece el artículo 9, de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ¿quién representa al pueblo de la región?:
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Los Senadores de esa Comunidad Autónoma.
Las Cortes de Castilla-La Mancha.
El Presidente de las Cortes de Castilla La Mancha.
7 - Según establece el artículo 12, de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, las leyes regionales serán promulgadas ...
En nombre del Rey, por el Presidente del Consejo de Gobierno y publicadas en el Diario Oficial de la región y en el Boletín Oficial del Estado.
En nombre del Rey, y corresponde a los Diputados a través de sus Grupos Parlamentarios y al Consejo de Gobierno, y serán publicadas en el Diario Oficial de la región y en el Boletín Oficial del Estado.
En nombre del Rey, por el Presidente del Consejo de Gobierno y publicadas en el Diario Oficial de la región.
En nombre del Rey, por el Presidente del Consejo de Gobierno, o un número mínimo de Diputados, y publicadas en el Diario Oficial de la región y en el Boletín Oficial del Estado.
8 - Según determina el artículo 44, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado:
En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, que será de carácter preceptivo.
Previamente y con carácter preceptivo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.
Preferentemente, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado, y restantes medios de difusión.
En el Boletín Oficial del Estado.
9 - Según establece el artículo 14, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes respuestas NO es correcta?
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
El medio elegido por las personas físicas, no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, para comunicarse con las Administraciones Públicas, no podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, las personas jurídicas.
Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
10 - Según establece el artículo 21, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación:
En los procedimientos iniciados de oficio.
Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
Cuando el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, lo consideren pertinente.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.