Teórico - Parte 4 - Cuestionario tipo test - Administrativos/as (11 plazas) Ayuntamiento de Boadilla del Monte 17/01/2026

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1 - Según el artículo 65 de la Ley de Contratos del Sector Público, solo podrán contratar con el sector público:
Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que estén incursas en alguna prohibición de contratar.
Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar.
Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, no se encuentren debidamente clasificadas.
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2 - De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público relativo a las Uniones de empresarios.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y podrán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su formalización.
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
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3 - Según el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público:
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea pero no de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios españoles deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
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4 - De acuerdo con lo previsto en el artículo 100 Ley de Contratos del Sector Público, se entiende por presupuesto base de licitación.
Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
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5 - Según lo previsto en el artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector Público,
En el procedimiento de contratación procederá la exigencia de garantía provisional, y se justifique motivadamente en el expediente.
En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y no se justifique motivadamente en el expediente.
En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.
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6 - Según lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con la tramitación urgente del expediente,
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de dos meses, contado desde la formalización.
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de tres semanas, contado desde la formalización.
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.
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7 - Según lo previsto en el artículo 189 de la Ley de Contratos del Sector Público,
Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas.
Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación tanto en favor de los adjudicatarios como de las Administraciones Públicas.
Los contratos podrán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas.
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8 - Según indica el artículo 239 de Ley de Contratos del Sector Público,
En casos de fuerza mayor y siempre que exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato.
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato.
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este no tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato.
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9 - Según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, gozan de la condición de Entidades Locales, además del Municipio, la Provincia y la Isla:
Las Áreas Metropolitanas.
Las pedanías.
Las sociedades mercantiles de capital íntegramente local.
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10 - Dentro del procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales regulado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, debe producirse:
La aprobación inicial por el Alcalde.
La información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
La estimación de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
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