1 - El plazo máximo de resolución, a contar desde la notificación efectiva al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento será de:
1 mes.
2 meses.
30 días.
3 meses.
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2 - A quien corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria según el artículo 128 LPAC:
Al Gobierno de la nación exclusivamente.
Al Gobierno de la nación y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.
Al Gobierno de la nación y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, y a los órganos de gobierno locales.
A las Cortes Generales.
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3 - El plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de 4 años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
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4 - De conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, 1 de octubre LPAC:
Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días siempre.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, deberán que suspenderse las actuaciones necesariamente.
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5 - La nulidad del acto implica:
La eliminación del acto del tráfico jurídico, teniéndose por inexistente con efectos desde la declaración de nulidad.
La nulidad de una disposición implica en todo caso la de los actos dictados al amparo de la misma,
Implica la nulidad únicamente si perjudica al interesado y con efectos desde la fecha de la declaración de anulabilidad.
La eliminación del acto, los efectos de la nulidad son desde el momento que se dictó el acto, sin perjuicio de que tratándose de una disposición de carácter general subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
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6 - De acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, NO es un principio de la potestad sancionadora:
La legalidad.
La responsabilidad.
La retroactividad.
La tipicidad.
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7 - De conformidad con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos:
En todos los casos en los que se produzca la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de actos o disposiciones administrativas.
Cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Cuando la lesión sea consecuencia de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Cuando la lesión haya tenido lugar por causa de fuerza mayor.
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8 - De acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la cuantía de la indemnización por responsabilidad patrimonial se calculará con referencia a la fecha:
De interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial.
En que la lesión efectivamente se produjo.
De la Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial.
Efectiva en la que hay que reparar el daño.
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9 - La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, se denomina:
Portal de internet.
Sede electrónica.
Página web.
Aplicativo electrónico.
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10 - En la actuación administrativa automatizada, el sistema que vincula al órgano o persona firmante siempre que sea posible la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica, se denomina: