1 - De acuerdo al artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son no vinculantes:
Las directivas y los dictámenes.
Las recomendaciones y los dictámenes.
Las recomendaciones y las directivas.
Las directivas y las decisiones.
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2 - De conformidad con el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cuál de estas opciones es la correcta en relación con los órganos colegiados:
Podrán grabarse las sesiones que celebre, sólo si el órgano lo acuerda previamente y deberá conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros. Solo tendrá acceso el Presidente y el Secretario del órgano colegiado.
Podrán grabarse las sesiones que celebre y deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
Podrán grabarse las sesiones que celebre y deberá conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros. Solo tendrá acceso el Presidente y el Secretario del órgano colegiado.
Podrán grabarse las sesiones que celebre sólo si el órgano lo acuerda previamente y deberá conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
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3 - Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique en cuál de los siguientes casos, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender:
Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.
Cuando deban realizarse pruebas técnicas propuestas por los interesados, con un tiempo máximo de un mes para la incorporación de los resultados al expediente.
Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma Administración, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de distinta Administración, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
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4 - De conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale en cuál de estos supuestos se puede otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos:
En cualquier caso, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Cuando se dicten en sustitución de actos nulos, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Cuando se dicten en sustitución de actos anulados por un acto administrativo dictado por un órgano jerárquico superior.
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5 - Conforme al artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes opciones, es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo:
A no presentar documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento que ya se encuentren en poder de las administraciones, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde su presentación.
A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos, solo durante el trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
A no presentar documentos originales salvo que, debido a la naturaleza del procedimiento administrativo así lo disponga el órgano administrativo competente para resolver.
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6 - A tenor de lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con la actividad administrativa impugnable, señale en qué caso la impugnación es admisible:
Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de diez días desde tal petición.
Cuando la Administración en virtud de un contrato esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una persona determinada, quienes tuvieran derecho a ella, si en el plazo de un mes desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado.
Respecto de los actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
La de los actos que se produzcan en aplicación de disposiciones de carácter general, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
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7 - De conformidad con el artículo 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:
Será preceptivo el informe del Consejo de Estado y el plazo para dictar resolución quedará suspendido por un tiempo que no puede exceder de un mes entre la solicitud del informe y su recepción.
Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 40.000 euros, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
El órgano instructor, en el plazo de quince días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución.
Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.
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8 - En relación con el principio de proporcionalidad, el artículo 29.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indica que:
Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que debe aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de infracción, el instructor impondrá la infracción en grado superior.
No podrá ser sancionable como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones que infrinjan el mismo precepto administrativo.
El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
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9 - En cuanto a la determinación del justo precio en cada uno de los expedientes formados, de conformidad con el artículo veintinueve de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, la Administración requerirá a los propietarios para que presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes, en el plazo de:
Diez días, a contar desde el siguiente al de la notificación.
Quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación.
Veinte días, a contar desde el siguiente al de la notificación.
Treinta días, a contar desde el siguiente al de la notificación.
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10 - Según el artículo 194.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exigirá al contratista la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados:
En el supuesto de cumplimiento parcial.
No se puede exigir indemnización por daños y perjuicios.
Cuando la penalidad esté prevista y cubra los daños causados a la Administración.
En los supuestos de incumplimiento parcial, defectuoso o con demora en la ejecución del contrato, cuando la penalidad no esté prevista o no cubra los daños causados a la Administración.