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1 - Según el artículo 14 de la Ley 14/1896, general de sanidad, los poderes públicos aplicarán la facultad de elección de médico en la atención primaria del área de salud:

En el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de 100.000 habitantes.

En el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de 300.000 habitantes.

En el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de 250.000 habitantes.

En el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de 50.000 habitantes.

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2 - Según el artículo 6 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres (en adelante, Ley orgánica 3/2007), la discriminación por razón de sexo será:

Discriminación directa o indirecta.

Discriminación social.

Discriminación múltiple.

Discriminación estructural.

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3 - De conformidad con el artículo 10 de la Ley orgánica 3/2007, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán:

Anulables.

Nulos y sin efecto.

No darán lugar a responsabilidad alguna.

Revisables.

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4 - De conformidad con el artículo 12 de la Ley orgánica 3/2007, respecto a los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo:

La legitimación corresponde a las personas físicas con interés efectivo.

La persona acosada será la única legitimada en ese tipo de litigios.

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela de este tipo de litigios.

La legitimación corresponde a las personas físicas y jurídicas conocedoras del litigio.

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5 - De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, Ley 39/2015), ¿cuál de las actuaciones de los interesados NO requiere el uso obligatorio de firma?

Interponer recursos.

Solicitar información sobre el estado de un procedimiento.

Desistir de acciones.

Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

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6 - Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si alguna de las personas interesadas, con derecho a ser asistidas en el uso de medios electrónicos, no dispone de los medios electrónicos necesarios para su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo:

Serán asistidas por un funcionario público, pero únicamente aquellas personas interesadas que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos.

Se podrá tramitar con la firma electrónica de cualquier persona.

Necesariamente se ha de disponer de medios electrónicos.

Podrá ser válidamente realizado por un funcionario público, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

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7 - Con relación al derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, según el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, el medio elegido por una persona para comunicarse con las administraciones públicas:

Deberá mantenerse al menos hasta la finalización del procedimiento.

Deberá mantenerse por un plazo mínimo de un año.

Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

Podrá ser modificado únicamente hasta que se realice el trámite de audiencia.

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8 - Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse: (señale la respuesta INCORRECTA)

En los registros electrónicos de la Administración.

En las oficinas de asistencia en materia de registros.

En cualquier representación diplomática u oficinas consulares.

En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

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9 - De acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 39/2015, la citación de un ciudadano para comparecer ante una oficina pública debe contener expresamente:

Únicamente lugar, fecha y hora.

Lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia y normativa de aplicación.

Lugar, fecha, hora, los medios disponibles y el objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.

Lugar, fecha, hora, objeto de la comparecencia, efectos de no atenderla y normativa de aplicación.

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10 - Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa:

No podrá exceder de 4 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

No podrá exceder de 2 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

No podrá exceder de 1 mes, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.