Parte 6 - Examen tipo test - Administrativo/a (estabilización 2018) Generalitat Valenciana 05/02/2022

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1 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto de la encomienda de gestión:
Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.
La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia.
La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente decreto.
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2 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto de la suplencia:
La suplencia implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa.
En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia, no siendo necesario concretar el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan.
En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
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3 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, respecto de las subvenciones de concesión directa:
Podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en la ley de presupuestos de la Generalitat, entendiéndose como tales aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y destinatario figuran estimativamente en sus anexos.
Las subvenciones de carácter nominativo no podrán tener alcance plurianual, excepto aquellas subvenciones corrientes cuyo beneficiario sea otra administración pública de carácter territorial.
Las subvenciones nominativas no podrán crearse ni modificarse una vez enviado el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat a Les Corts.
La concesión de las subvenciones previstas nominativamente en la ley de presupuestos de la Generalitat se formalizará mediante resolución de la persona titular del departamento gestor del crédito presupuestario al cual se imputa la ayuda o mediante convenio.
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4 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con la justificación de las subvenciones públicas:
La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán determinados por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones públicas. A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
La acreditación de los gastos podrá efectuarse mediante facturas electrónicas en cualquier caso.
Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.
La justificación insuficiente de la subvención llevará aparejada la renuncia a la misma por parte de la persona beneficiaria.
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5 - Según el artículo 172 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en el caso de que deba tramitarse un procedimiento de reintegro de subvención, señale qué especialidad de las siguientes se corresponde con el citado procedimiento:
El plazo máximo para resolver y notificar será de veinticuatro meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
El plazo máximo para resolver y notificar será de quince meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Se concederá audiencia en todo caso a la persona que ostente la condición de interesado.
Contra la resolución del procedimiento podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que la dictó.
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6 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tiene por objeto regular la contratación del sector público y privado.
Es objeto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la regulación de la contratación del sector público, así como la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
Es objeto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la regulación de la contratación del sector público, así como la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados.
En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y potestativa criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato.
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7 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, únicamente serán contratos de obras aquellos que tengan por objeto la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.
Según el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en el contrato de concesión de obras, la contraprestación consistirá únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto de dicho artículo.
Según el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en el contrato de concesión de obras, el derecho de explotación de las obras no debe implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de las mismas.
Según el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en el contrato de concesión de servicios, el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo 14 de la citada ley.
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8 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos privados de las Administraciones Públicas.
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.
Serán competencia del orden jurisdiccional civil las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
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9 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
El objeto de los contratos del sector público podrá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, cerrando el objeto del contrato a una solución única.
El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única.
Podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
En todo caso, deberá preverse la realización independiente de cada una de las partes del objeto de un contrato de suministro, mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
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10 - Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
La revisión de precios no podrá llevarse a cabo en contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.
Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Se considerarán revisables en todo caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura y el beneficio industrial.
En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión aleatoria y predeterminada de precios pero no deberá fijar la fórmula de revisión que deba aplicarse.
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