Parte 1 - Primer ejercicio tipo test - Auxiliar Administrativo/a (P.I.C - ofertas 2019-2020-2021-2022) Gobierno de Aragón 21/09/2024

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1 - Conforme a la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, señale cuál de los siguientes órganos NO tiene la condición de alto cargo:
Los vicepresidentes o vicepresidentas y las consejeras y consejeros.
Las personas titulares de las secretarías generales técnicas y de las direcciones generales.
Los subdelegados y las subdelegadas territoriales del Gobierno de Aragón.
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2 - Señale en base al artículo 2 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, cuál de las siguientes opciones NO se considera integrante del Sector Público Institucional:
Los consorcios autonómicos.
Las Universidades Privadas no transferidas.
Las fundaciones del sector público.
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3 - Señale la respuesta correcta en relación con las competencias de los órganos de las Administraciones Públicas:
Los órganos de las Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en órganos de la misma Administración exclusivamente cuando sean jerárquicamente dependientes.
Los órganos de las Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en órganos de la misma Administración aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.
La titularidad de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrá ser desconcentrada en otros.
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4 - Según el artículo 19.2 del Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, las decisiones de Gobierno que NO deban adoptar la forma de decreto, conforme al ordenamiento jurídico adoptarán la forma de:
Resolución.
Acuerdo.
Ley.
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5 - Según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la obligación de resolver:
La Administración no está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en los procedimientos iniciados de oficio.
En los casos de terminación del procedimiento por pacto o convenio la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
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6 - Según lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO pondrá fin al procedimiento:
La notificación.
La declaración de caducidad.
La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
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7 - Según el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo del que dispone la Administración para notificar la resolución expresa de un procedimiento no podrá exceder de seis meses salvo que:
Una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
Así lo acuerde la administración competente por las especiales características del procedimiento.
No se fije un plazo máximo en las normas reguladoras del procedimiento.
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8 - Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, de manera general, legitima al interesado o interesados para entenderla:
Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
Desestimada por silencio administrativo e iniciar el correspondiente recurso contencioso administrativo.
Estimada por silencio administrativo, aun en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
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9 - Según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido:
10 días hábiles.
10 días naturales.
15 días hábiles.
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