Parte 5 - Ejercicio único tipo test (aplazado) - Auxiliar Administrativo/a (T.L - OEP 2024-2025) Junta de Castilla y León 09/07/2026

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1 - Según lo dispuesto en el art. 28 del Reglamento de incompatibilidades, la competencia para autorizar o denegar la compatibilidad para un segundo puesto de trabajo en el sector público o el ejercicio de actividades privadas, corresponde al:
Director General de Función Pública.
Secretario General de la Consejería correspondiente.
Consejero de Presidencia y Administración Territorial.
Secretario General de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.
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2 - De conformidad con lo establecido en el art. 29 del Reglamento de incompatibilidades, las solicitudes de compatibilidad, salvo las autorizaciones específicas previstas en el art. 13 de este Reglamento, deberán resolverse en el plazo de:
Quince días.
Dos meses.
Diez días.
Un mes.
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3 - A tenor del art. 106 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León (en adelante “LHySP”), una vez aprobado, el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para cada ejercicio, se remitirá a las Cortes de Castilla y León dentro del plazo:
Establecido por el Estatuto de Autonomía.
Un mes.
Veinte días.
Establecido en el Anteproyecto de Ley del presupuesto.
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4 - A tenor del art. 94 de LHySP, la clasificación orgánica de los créditos para gastos agrupará:
Los créditos por programas.
Los créditos en diferentes capítulos diferenciando entre operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras.
Por provincias.
Por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores.
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5 - De conformidad con lo que establece el art. 3 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Castilla y León, los principios que deben regir las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y del resto de Administraciones Públicas de su ámbito territorial son:
Transversalidad, planificación y coordinación.
Universalidad, flexibilidad y participación.
Promoción, equidad e igualdad.
Apoyo a las políticas públicas de igualdad, control de la Red de Mujer y sensibilización a la ciudadanía.
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6 - De conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, son medidas de acción positiva:
Los apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad que puedan presentar.
Aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta de forma menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable.
La prestación de los servicios que requieran las personas con discapacidad en su proceso de recuperación e integración deberá estar orientada, dirigida y ejecutada por personal especializado; promoviendo, cuando sea necesario el concurso de especialistas de distintos ámbitos y la actuación de equipos multiprofesionales.
Actuaciones dirigidas a promover la máxima capacitación y desarrollo de las habilidades y competencias de las personas con discapacidad para posibilitar su autonomía personal y vida independiente.
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7 - De conformidad con lo establecido en el art. 24 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública:
La formulación de quejas por parte de los ciudadanos paraliza los plazos establecidos en la legislación básica estatal para la interposición de recursos administrativos.
La Administración autonómica dará respuesta por escrito a las quejas en un plazo máximo de tres meses.
Los ciudadanos al exigir responsabilidades no podrán ejercer el derecho de identificar a los empleados públicos responsables del tratamiento de los procedimientos.
La Administración autonómica dará respuesta por escrito a las quejas en un plazo máximo de seis meses.
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8 - De conformidad con lo establecido en el art. 30 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, en el régimen del ejercicio del derecho de petición:
Si el escrito de petición se dirigiese a un órgano de la Administración autonómica que no fuera competente para pronunciarse sobre ella, se remitirá al órgano competente y se advertirá de tal circunstancia al firmante.
La Administración está en la obligación de publicar el contenido de las decisiones que adopte sobre las peticiones de los ciudadanos, haciendo pública la identidad de quien actuó como peticionario.
Los ciudadanos no podrán sugerir, sin el carácter de alegaciones que hayan de incorporarse a un determinado procedimiento, la solución a un conflicto que deba ser objeto de actividad administrativa.
Ante peticiones colectivas de especial trascendencia para el interés público, el órgano competente para resolver solicitará a todos los firmantes que realicen la petición de forma individual.
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9 - De acuerdo con el Decreto 13/2021, de 20 mayo, por el que se regulan las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la asistencia presencial no se regirá por uno de los siguientes principios.
Atención personal, amable, confidencial y respetuosa, adaptada a las circunstancias físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y culturales.
Buena fe, confianza legítima, responsabilidad y lealtad institucional.
Colaboración, cooperación y coordinación con otras administraciones públicas.
Igualdad de acceso y discriminación.
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10 - De conformidad con lo establecido en el art. 9 del Decreto 12/2024, de 27 de junio, por el que se regula la atención a la ciudadanía prestada a través del Servicio 012 de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el 012 prestará, dentro de sus funciones, información especializada que requiera conocimientos técnicos y cualificados para ser facilitada, sobre las siguientes materias:
Mujer y tributos.
Valoración del grado de dependencia.
Operaciones sobre certificado electrónico, DNIe.
Redes sociales y plataformas de mensajería.
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