Parte 7 - Primer ejercicio tipo test (aplazado covid) - Auxiliar Administrativo/a (T.L - OEP 2019) Xunta de Galicia 14/07/2021

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1 - De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el diálogo civil:
es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.
son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
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2 - De conformidad con el artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social ¿En qué plazo el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal?
En el plazo de tres años desde la publicación de esta ley.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley.
En el plazo de dos años desde la publicación de esta ley.
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3 - De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la presente Ley?
La vida independiente.
La discriminación.
La normalización.
La accesibilidad universal.
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4 - De conformidad con el artículo 4.3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, señale la respuesta correcta respecto a la acreditación del grado de discapacidad
se realizará en los términos establecidos legalmente y tendrá validez en todo el territorio nacional.
se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.
se realizará en los términos establecidos legalmente y no tendrá validez en todo el territorio nacional.
se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y no tendrá validez en todo el territorio nacional.
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5 - De conformidad con el artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará de acuerdo con el siguiente principio
libertad en la toma de decisiones.
igualdad en la toma de decisiones.
libertad de oportunidades.
igualdad de oportunidades.
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6 - Según el artículo 37 de la Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ¿cuál de los siguientes no es alto cargo?
El presidente o presidenta del Consejo Económico y Social.
Los miembros del Consejo de la Xunta de Galicia.
Los presidentes y presidentas, directores y directoras generales y asimilados de los entes instrumentales del sector público autonómico, excepto de las fundaciones del sector público autonómico, siempre que tengan la condición de máximos responsables y cuyo nombramiento sea efectuado por el Consejo de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de gobierno.
Las delegadas y delegados territoriales, secretarias y secretarios generales, secretarias y secretarios generales técnicos, directores y directoras generales, subdirectores generales y cargos asimilados de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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7 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, señale la respuesta correcta respecto a la compatibilidad con el ejercicio de la docencia por los Altos Cargos:
se podrá compatibilizar, cumplidas las restantes exigencias de la presente ley, el ejercicio de funciones docentes, de carácter reglado, siempre que no supongan menoscabo de la dedicación en el ejercicio del cargo público y se realice en régimen de dedicación a tiempo completo.
los centros de formación dependientes de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de los entes instrumentales del sector público autonómico comunicarán trimestralmente a las consejerías competentes en materia de presupuestos y de función pública el desglose de las cantidades satisfechas por los conceptos indicados.
el desarrollo de esta actividad no podrá suponer en ningún caso incremento alguno sobre las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir por el ejercicio del cargo público, incluidas las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente en el área docente, y dándoles idéntico destino a los derechos económicos que, en su caso, pudiesen devengarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.2.
para el ejercicio de las funciones docentes se requerirá la autorización expresa de la persona titular de la consejería competente en materia de presupuestos.
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8 - De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, se considerarán intereses personales de los Altos Cargos:
Los de las personas jurídicas o entidades privadas en las cuales el alto cargo, su cónyuge o persona unida en análoga relación hubieran ejercido funciones de dirección, asesoramiento o administración en los tres años anteriores al nombramiento.
Los de las personas jurídicas o entidades privadas en las cuales el alto cargo, su cónyuge o persona unida en análoga relación hubieran ejercido funciones de dirección, asesoramiento o administración en los cuatro años anteriores al nombramiento.
Los de las personas jurídicas o entidades privadas en las cuales el alto cargo, su cónyuge o persona unida en análoga relación hubieran ejercido funciones de dirección, asesoramiento o administración en los cinco años anteriores al nombramiento.
Los de personas jurídicas o entidades privadas en las cuales el alto cargo, su cónyuge o persona unida en análoga relación hubieran ejercido funciones de dirección, asesoramiento o administración en los dos años anteriores al nombramiento
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9 - Dispone el artículo 10 de la Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno que, en materia de personal, las obligaciones de información se extienden a:
Las cartas de servicios aprobadas.
El perfil biográfico y la trayectoria profesional de los altos cargos.
El número de vehículos de los que es titular o arrendatario.
El período medio de pago da los proveedores