1 - Según el artículo 24.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de:
dos días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
cinco días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
cuatro días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
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2 - Según el artículo 25.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación al principio de legalidad, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales,
de conformidad con lo dispuesto en el Título XII de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
de conformidad con lo dispuesto en el Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril
de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
de conformidad con lo dispuesto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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3 - De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación al principio de irretroactividad, las disposiciones sancionadoras
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, pero no respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
no producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
no producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, pero no respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
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4 - De acuerdo con el artículo 28.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación al principio de responsabilidad, cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma ...
mancomunada de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción no sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.
mancomunada de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.
solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción no sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.
solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.
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5 - De conformidad con el artículo 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación al plazo de prescripción de las sanciones, comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, sin conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa imputable al infractor.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, sin conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor.
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6 - Según el artículo 31.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a la concurrencia de sanciones:
Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que no se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que no se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
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7 - De conformidad con el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto al principio de legalidad, el daño alegado:
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente pero no individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
habrá de ser efectivo e individualizado con relación a una persona o grupo de personas
habrá de ser efectivo e evaluable económicamente respecto al principio de legalidad.
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
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8 - De acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular de forma solidaria o mancomunada. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma mancomunada. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma independiente. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
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9 - De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia ¿cuál de las siguientes funciones no es competencia del Consejo de la Xunta de Galicia?
Establecer las instrucciones a las que ha de atenerse la representación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico en la negociación colectiva con el personal laboral.
Establecer anualmente los criterios para la aplicación del régimen retributivo del personal funcionario y del restante personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico.
Elaborar la proposta de relación de puestos directivos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico.
Aprobar la adscripción de cuerpos o escalas a una determinada consejería, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública, así como la adscripción de puestos de trabajo a un cuerpo o escala.
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10 - Según el artículo 16 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia ¿cuál de los siguientes asuntos no es competencia de la persona titular de la consejería competente en materia de presupuestos?
Establecer las bases de un sistema objetivo para el fomento de la promoción interna de todo el personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico, de acuerdo con lo contemplado en la presente ley.
Emitir informe, conjuntamente con la consejería competente en materia de función pública y con carácter previo a la extensión y adhesión a otros convenios colectivos vigentes, sobre retribuciones salariales y, en general, sobre cualquier autorización de mejoras retributivas individuales o colectivas.
Informar los planes de ordenación de recursos humanos, así como las previsiones y medidas que se deriven de los mismos y que tengan incidencia en el gasto público.
Autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificaciones en el gasto.