1 - En la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el órgano competente para conocer de los requerimientos que otras Administraciones dirijan a aquella, será:
La Dirección General del Servicio Jurídico.
La Consejería competente en materia de justicia.
La Consejería competente en materia de hacienda.
El Gobierno.
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2 - En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria ¿en cuál de los siguientes supuestos, los actos administrativos que resuelvan recursos de alzada no ponen fin a la vía administrativa?:
Los dictados por los Consejeros.
Los dictados por órganos que carezcan de superior jerárquico.
Los dictados por órganos jerárquicamente inferiores.
En ningún supuesto, ya que todos los actos administrativos que resuelvan recursos de alzada ponen fin a la vía administrativa.
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3 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación incorrecta en relación con los registros:
El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo.
Se tendrán por presentados en el registro los documentos que efectivamente hayan sido presentados en aquel, aunque su régimen especial establezca otra forma de presentación.
Los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico.
Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General.
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4 - En materia de revisión de oficio de actos y disposiciones nulos, en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, podrá acordarse:
El archivo del procedimiento iniciado, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
De forma motivada la desestimación de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
De forma motivada la desestimación de las solicitudes formuladas por los interesados, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
De forma motivada la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
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5 - ¿Podrán las Administraciones Públicas establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones?:
No, en ningún caso, ya que los ciudadanos tienen derecho a elegir el medio para comunicarse con la Administración.
Sólo podrán establecer esta obligación para las personas jurídicas, mediante norma de carácter reglamentario y para aquellos colectivos de personas jurídicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional y otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Podrán hacerlo, reglamentariamente, para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional y otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Podrá establecerse esta obligación mediante norma reglamentaria, salvo cuando se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
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6 - En materia de validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas, las copias auténticas de documentos privados surtirán:
Únicamente efectos administrativos.
Únicamente efectos privados.
Efectos frente a todos.
Únicamente efectos en el procedimiento del que traen causa.
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7 - Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:
Siete días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Siete días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
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8 - De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuando prescribe el derecho a reclamar en un procedimiento de responsabilidad patrimonial:
A los seis meses de la curación o determinación del alcance de las secuelas, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas.
Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
A los seis meses de haberse dictado el acuerdo de iniciación del procedimiento, si no ha notificado la resolución expresa del mismo.
Al año de haberse dictado el acuerdo de iniciación del procedimiento, si no ha notificado la resolución expresa del mismo.