Test 1 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (Colección 2023)

1 - De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, cuando la supresión de los datos personales derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable:

Podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de facilitar tratamientos futuros para fines de mercadotecnia indirecta.

Podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de facilitar tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

Podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

En ningún caso, podrá conservar los datos identificativos del afectado.

2 - Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando:

No carezcan manifiestamente de fundamento.

No sean abusivas.

No versen sobre cuestiones de protección de datos personales.

Todas son correctas.

3 - De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale el supuesto legal que legitima a un Ayuntamiento al tratamiento de datos de imágenes, a través de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones:

La existencia de una relación contractual del servicio de videovigilancia.

El consentimiento de los interesados.

El cumplimiento de una misión de interés público establecido legalmente.

Este tratamiento no tiene ninguna base legal.

4 - Según el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el art. 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

Los responsables y encargados del tratamiento de datos, y no las personas que intervengan en cualquier fase de este tratamiento, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el art. 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

El deber de confidencialidad afecta a responsables y encargados del tratamiento de datos en los términos fijados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad en los términos fijados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5 - Según el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos procedentes de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes:

Deberán conservarse por plazo indefinido.

Deberán suprimirse en el plazo máximo de un mes desde su captación, con carácter general.

Deberán suprimirse en el plazo máximo de un año desde su captación.

Deberán ser puestas disposición de la autoridad competente que las requiera para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, en un plazo máximo de veinticuatro horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.

6 - Presentada una reclamación por el afectado ante el delegado de protección de datos de un Ayuntamiento, éste, de acuerdo al art. 37 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

Comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.

Emitirá el correspondiente informe y lo remitirá, junto con la reclamación, a la Agencia Española de Protección de Datos para que se adopte la oportuna Resolución.

Emitirá el correspondiente informe y lo remitirá, junto con la reclamación, a la Agencia Aragonesa de Protección de Datos para que se adopte la oportuna Resolución.

Emitirá el correspondiente informe y lo remitirá, junto con la reclamación, a la Sección de Protección de Datos e Intimidad de la Oficina de Justicia de la Comunidad para que se adopte la oportuna Resolución.

Test 1 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (Colección 2023)

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