Primera prueba parte 4 Auxiliares Administrativos/as Ayuntamiento de Zaragoza 2023

1 - De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública:

Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 31.1 y 33.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 33.2 y 35.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

2 - Tienen preferencia en el acceso a las subvenciones municipales y a la utilización de locales públicos y espacios en Centros Cívicos, culturales y otros de naturaleza municipal, conforme al Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana de Zaragoza:

Las entidades declaradas de interés público municipal.

Las entidades declaradas de interés ciudadano.

Las entidades declaradas de interés social.

3 - De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública:

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 22.4 segundo párrafo, de esta Ley.

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.3 primer párrafo, de esta Ley.

4 - Según el artículo 27.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:

Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles, y centros educativos de primer y segundo ciclo educativo, de titularidad pública.

Autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos en vía pública, festejos taurinos y pruebas deportivas.

Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.

5 - Conforme a la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, la aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales del municipio de Zaragoza, corresponde:

Al Gobierno de Zaragoza.

Al Pleno.

A la Comisión Plenaria correspondiente.

6 - El municipio de Zaragoza, en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales, ejercerá como propias, las siguientes competencias en materia de servicios sociales, según el artículo 33 de la Ley 10/2017, de 10 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón:

Información, valoración y aplicación de instrumentos de detección de riesgo o desamparo en materia de menores.

Creación, gestión y mantenimiento de centros de atención a personas mayores en situación de dependencia.

Atención a todas las situaciones de necesidad social.

7 - Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales:

Quedarán anulados todos los actos dictados al amparo de la ordenanza anulada o modificada, salvo que la sentencia lo prohíba expresamente.

La entidad local podrá declarar la nulidad de los actos dictados que resulten afectados por la modificación o anulación de la ordenanza.

Se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que resulte anulada o modificada, salvo que la sentencia lo prohíba expresamente.

8 - Las proposiciones o enmienda de Ordenanzas y Reglamentos del municipio de Zaragoza, que supongan aumento de los créditos presupuestarios, según la Ley 10/2017, de 10 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón:

Serán nulas si no van acompañadas de crédito presupuestario suficiente y adecuado.

Requieren, para su tramitación, la conformidad del Pleno.

Requieren, para su tramitación, la conformidad del Gobierno de Zaragoza.

9 - Señale la respuesta incorrecta, relativa al acceso al empleo público de nacionales de otros estados:

Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

Mediante ley o norma reglamentaria, podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.

Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

10 - Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:

Uno o varios trabajadores designados por la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Uno o varios miembros de los servicios de prevención externos autorizados por la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

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