1 - Conforme el artículo 82.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la conservación de la clasificación, el empresario deberá justificar el mantenimiento:
Anual de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
Anual de la solvencia técnica y profesional y, cada cuatro años, el de la solvencia económica y financiera.
Anual de la solvencia económica y financiera y, cada cuatro años, el de la solvencia técnica y profesional.
Anual de la solvencia técnica y profesional y, cada dos años, el de la solvencia económica y financiera.
2 - Respecto al contrato de suministro, cuál de los siguientes no estaría encuadrado dentro de esta categoría:
Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante.
Los contratos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato.
3 - Dentro de las prerrogativas y derechos de la Administración, se encuentran:
Acordar la resolución de los contratos en los casos y condiciones establecidos legalmente.
Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que incurra.
Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de las obras.
Todas son correctas.
4 - Forman parte como Anexos del Presupuesto General:
El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
Todas son correctas.
5 - La clasificación económica del Presupuesto de gastos, consta de los siguientes niveles:
El primero relativo al capítulo, el segundo al concepto y el tercero al artículo.
El primero relativo al artículo, el segundo al capítulo y el tercero al concepto.
El primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto.
El primero relativo al concepto, el segundo al artículo y el tercero al capítulo.
6 - Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de:
Suplemento de crédito.
Transferencia de crédito.
Crédito extraordinario.
Generación de crédito.
7 - El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes de qué fecha:
15 de octubre.
15 de septiembre.
20 de octubre.
20 de noviembre.
8 - El artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto a la aprobación de la liquidación del Presupuesto, señala que corresponde:
Al Pleno de la corporación, previo informe de Tesorería.
Al Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.
Al Presidente de la entidad local, previo informe de Tesorería.
Al Pleno de la corporación, previo informe de la Intervención.
9 - Indique el principio señalado en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al que debe atender el Presupuesto General en los términos previstos en la Ley 18/2001:
Cumplimiento del principio de estabilidad.
Cumplimiento del principio de solidaridad.
Cumplimiento del principio de anualidad.
Cumplimiento del principio de sostenibilidad.
10 - Los concesionarios tendrán los siguientes derechos:
La facultad de titulizar sus derechos de crédito.
El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión.
El derecho a ceder la concesión y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa autorización del órgano de contratación en ambos casos.