Parte 1 - Examen Bolsa Auxiliares Administrativos/as Ayuntamiento de Haría (Lanzarote) 09/11/2024

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1 - Según la Constitución Española de 1978, ¿quién tiene el derecho y el deber de defender a España?
Todos los españoles.
Solo los ciudadanos varones mayores de 18 años.
Solo los ciudadanos varones mayores de 21 años.
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2 - Según la Constitución Española de 1978, ¿qué principio rige la actuación de las administraciones públicas en relación con los ciudadanos?
Las administraciones públicas deben actuar conforme al principio de arbitrariedad para garantizar la flexibilidad en sus decisiones.
Las administraciones públicas deben actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Las administraciones públicas deben actuar conforme al principio de centralización para asegurar una gestión uniforme en todo el territorio.
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3 - ¿Qué establece la Constitución Española de 1978 sobre la administración y gestión de los intereses de los municipios?
Los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses
Los municipios no tienen autonomía y están bajo el control directo de la administración central.
Los municipios solo tienen autonomía limitada en la gestión de sus servicios básicos.
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4 - ¿Qué establece la Constitución Española de 1978 sobre el derecho de asociación?
El derecho de asociación está completamente prohibido.
Las asociaciones deben ser autorizadas y disueltas por el Gobierno para poder constituirse.
Se reconoce el derecho de asociación.
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5 - Según la Constitución Española de 1978, ¿cómo debe garantizarse la suficiencia financiera de las entidades locales para la prestación de servicios públicos?
Las entidades locales deben financiarse exclusivamente con los impuestos que recauden dentro de su territorio.
Las entidades locales deben disponer de los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones.
Las entidades locales no tienen derecho a financiación propia y dependen completamente del Gobierno central.
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6 - ¿Qué establece la Constitución Española de 1978 respecto a la iniciativa para la creación de nuevas Comunidades Autónomas?
La iniciativa para la creación de nuevas Comunidades Autónomas corresponde únicamente al Gobierno central.
La iniciativa para la creación de nuevas Comunidades Autónomas se somete a referéndum en todo el territorio nacional.
La iniciativa corresponde a las Diputaciones interesadas o a los órganos interinsulares correspondientes.
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7 - Según la Constitución Española de 1978, ¿cómo deben ejercer las entidades locales su capacidad para gestionar los servicios y recursos en sus áreas?
Siguiendo las órdenes directas y específicas del Gobierno central para cada aspecto de la administración local.
Aprovechando la autonomía que les concede la Constitución para tomar decisiones y administrar recursos de acuerdo con sus necesidades locales.
Dependiendo completamente del Gobierno central para la asignación de recursos y la planificación de servicios.
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8 - ¿Qué establece la Ley Orgánica 7/1985 sobre la posibilidad de disolver los órganos de gobierno de los Ayuntamientos?
Pueden ser disueltos mediante real decreto del Consejo de Ministros.
No pueden ser disueltos bajo ninguna circunstancia.
Solo pueden ser disueltos por decisión judicial.
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9 - ¿Qué principios rigen la actuación de los órganos de gobierno de las entidades locales según la Constitución Española de 1978?
Los principios de libertad y arbitrariedad guían la actuación de los órganos de gobierno local, permitiendo flexibilidad en la toma de decisiones.
Los principios de legalidad, eficacia, objetividad y transparencia rigen la actuación de los órganos de gobierno local.
Los principios de centralización y autoridad absoluta son fundamentales para la gobernanza local, evitando conflictos de competencias.
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10 - Según la Constitución Española, el Estado tiene la obligación de garantizar el equilibrio económico adecuado entre las diversas partes del territorio. ¿Cuál de los siguientes principios rige esta garantía?
El principio de igualdad territorial, sin tener en cuenta las necesidades de las Comunidades Autónomas.
El principio de autonomía plena para cada Comunidad Autónoma, sin interferencia del Estado en su desarrollo económico.
El principio de solidaridad, atendiendo a las circunstancias de cada territorio.
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