Parte 7 - Examen tipo test - Grupo de Gestión de la Función Administrativa (T.L) SESCAM 19/04/2026

1 - Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, se conocerán por:

La Sala de casación del Tribunal de Cuentas.

La Sala de casación del Tribunal Supremo.

Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia competentes por razón del territorio.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

2 - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿puede la propia Administración autora de un acto administrativo demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa?

Sí, pero previamente debe declararlo lesivo para el interés público.

Sí, siempre que previamente haya realizado una revocación de oficio.

No salvo que esté previsto en una norma con rango de ley.

No, en ningún caso.

3 - Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de:

Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas.

Todas aquellas cuya cuantía superen los 30.000 euros.

4 - De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la falta de solvencia económica en los contratos celebrados por poderes adjudicadores constituye:

Una causa de resolución del contrato.

Un supuesto de nulidad de pleno derecho del contrato.

Una causa de anulabilidad del contrato.

Una irregularidad no invalidante que puede ser subsanable por el contratista.

5 - Según la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, no se consideran contratos sujetos a regulación armonizada los siguientes:

Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica

Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa

Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas

Todas las respuestas anteriores son correctas por tratarse de supuestos de contratos no sujetos a regulación armonizada.

6 - De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes costes NO deberá tenerse en cuenta para el cálculo del valor estimado del contrato?

Gastos generales de estructura.

Impuesto sobre el Valor Añadido.

Beneficio industrial.

Eventuales prórrogas del contrato.

7 - Según se establece en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores:

Los de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios

Los de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios

Los de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios

Los de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

8 - En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de la Ley 9/2017 (LCSP), las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía:

Que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido.

Que no exceda del 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Que no exceda del 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido.

Que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

9 - Son causas de resolución del contrato previstas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista

La declaración de concurso del contratista

El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista

Todos los supuestos anteriores son causas de resolución del contrato.

10 - Cuál de las siguientes NO es una función de la Junta Central de Contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Informar los proyectos o anteproyectos de disposiciones de carácter general en materia de contratación pública o que incidan en dicho ámbito

Elevar propuestas de circulares, instrucciones y recomendaciones en materia de contratación para su aprobación por la secretaría general de la consejería competente en materia de Hacienda

Velar por la observancia de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación en los contratos que celebre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y las entidades que integran el sector público regional en los términos previstos en el artículo 2

Resolver la adjudicación de los contratos de los que forme parte como mesa de contratación.

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