1 - Conforme al artículo 217 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, el plazo máximo para notificar resolución expresa, en el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho, será de:
Seis meses.
Tres meses.
Un año.
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2 - Según el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos de goce limitativos del dominio a título oneroso, será sujeto pasivo como contribuyente en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la persona física o jurídica, o entidad a la que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que:
Adquiera el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Ninguna es correcta.
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3 - Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la terminación del procedimiento de comprobación limitada es correcta según el artículo 139 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria:
El procedimiento de comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria, por caducidad, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 104 de la LGT sin notificarse resolución expresa o por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada.
El procedimiento de comprobación limitada en ningún caso terminará por el inicio de un procedimiento inspector.
El procedimiento de comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria, por caducidad, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 104 de la LGT sin notificarse resolución expresa o por el inicio de un procedimiento de verificación de datos que incluya el objeto de la comprobación limitada.
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4 - En relación con la diligencia de embargo y según el artículo 170 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, no es admisible como motivo de oposición a la misma:
La falta de notificación de la diligencia de embargo.
El incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la propia Ley General Tributaria.
La suspensión del procedimiento de recaudación.
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5 - En relación con el artículo 165 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo practicado sobre un inmueble alegando ser el propietario del mismo:
Se suspenderá todo el procedimiento de apremio hasta que recaiga resolución.
Se tratará como una tercería de mejor derecho y el procedimiento de apremio se suspenderá en lo que se refiere al inmueble controvertido, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.
Se tratará como una tercería de dominio y el procedimiento de apremio se suspenderá en lo que se refiere al inmueble controvertido, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.
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6 - De conformidad con el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al presupuesto general se unirán como anexos, entre otros:
Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
Ambas respuestas son correctas.
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7 - Según el artículo 135 de la Constitución Española:
El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los límites del déficit estructural y de volumen de deuda pública no podrán superarse en ningún caso.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros.
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8 - Según el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales :
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
El órgano interventor remitirá semestralmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
El órgano interventor remitirá trimestralmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
9 - Según el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el control cuyo objeto será comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las Entidades Locales, de sus organismos autónomos y de las Sociedades Mercantiles de ellas dependientes, es un control:
De eficacia.
Financiero.
De legalidad.
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10 - Según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la correcta:
La Agencia Española de Protección de Datos elaborará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para su aprobación, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.
Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un dos por ciento de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal.
La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.