Parte 7 - Primer ejercicio tipo test - una plaza de Administrativo/a (T.L) Diputación Provincial de Cáceres 11/04/2026

Las respuestas de la IA pueden contener errores.
1 - Según el artículo 122.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, En relación con la presentación de declaraciones o comunicaciones de datos por los obligados tributarios, señale la opción correcta:
Los obligados tributarios solo pueden presentar una única declaración, sin posibilidad de modificarla posteriormente.
Las declaraciones sustitutivas únicamente pueden utilizarse para añadir datos a una declaración anterior, sin reemplazarla.
Los obligados tributarios podrán presentar declaraciones o comunicaciones de datos complementarias o sustitutivas, indicando su modalidad, para completar o sustituir las previamente presentadas.
Las declaraciones complementarias y sustitutivas requieren siempre aceptación previa de la Administración tributaria.
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2 - Según el artículo 132 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en lo relativo a la iniciación del procedimiento de verificación de datos, señale la opción correcta:
Solo puede iniciarse mediante solicitud expresa del obligado tributario para aclarar datos suministrados por el obligado tributario en su liquidación provisional.
Se inicia exclusivamente con la notificación de una liquidación provisional una vez revisada por la administración tributaria.
Puede iniciarse mediante requerimiento para aclarar discrepancias o mediante notificación de propuesta de liquidación si la Administración dispone de datos suficientes.
Únicamente se inicia cuando exista una inspección previa.
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3 - En relación con la adopción de medidas cautelares en el procedimiento de inspección regulado en el artículo 146 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale la opción correcta:
Solo pueden adoptarse medidas cautelares cuando exista una resolución de la jurisdicción contencioso administrativa previa.
Las medidas cautelares pueden adoptarse sin necesidad de motivación si existe riesgo para la Hacienda Pública.
Se podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para evitar la desaparición, destrucción o alteración de pruebas relevantes.
Las medidas cautelares únicamente pueden adoptarse una vez finalizado el procedimiento de inspección en el que exista una sanción en contra del obligado tributario.
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4 - Según lo dispuesto en el artículo 158.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,¿Cuál de los siguientes extremos debe incluir el informe razonado que acompaña a las actas en estimación indirecta?
Únicamente los cálculos para la determinación de la deuda tributaria.
Las causas determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta.
El informe del inspector actuante en relación con la conducta del obligado tributario.
Exclusivamente los datos aportados por terceros sin valoración adicional.
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5 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con la presentación de solicitudes en período voluntario, ¿qué efecto produce una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación sobre el inicio del período ejecutivo?
Permite el inicio del período ejecutivo, pero suspende sus efectos recaudatorios.
Retrasa el inicio del período ejecutivo únicamente si se garantiza la deuda.
Impide el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de la solicitud.
Suspende el período ejecutivo solo si la Administración lo acuerda expresamente.
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6 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en caso de concurrencia entre el procedimiento de apremio y otros procedimientos singulares de ejecución, ¿cuándo tendrá preferencia el procedimiento de apremio?
Cuando la Administración tributaria haya iniciado antes el procedimiento de recaudación.
Cuando el crédito tributario tenga mayor importe que el resto de créditos.
Cuando el embargo realizado en el procedimiento de apremio sea el más antiguo.
Cuando el procedimiento judicial se encuentre en fase de ejecución avanzada.
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7 - De acuerdo con lo dispuesto en artículo 177.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿Qué efecto produce la alegación del heredero de haber ejercido el derecho a deliberar?
La extinción automática del procedimiento de recaudación hasta la aceptación de la herencia.
La continuación del procedimiento, pero sin exigencia de pago durante ese tiempo.
La suspensión del procedimiento de recaudación durante el plazo concedido para deliberar.
La paralización del procedimiento únicamente si lo autoriza la Administración tributaria.
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8 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 320/1994 Como regla general, ¿cuándo deben notificarse las denuncias obligatorias formuladas por agentes de la autoridad en materia de tráfico?
Dentro del plazo máximo de quince días desde la formulación de la denuncia.
Una vez iniciado el expediente sancionador por el órgano competente.
Tras la identificación completa del denunciado por la Administración.
En el acto, en el momento de formularse la denuncia al denunciado.
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9 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 320/1994, ¿Qué efecto tiene la intervención de la jurisdicción penal sobre el plazo de caducidad del procedimiento sancionador?
Determina la finalización automática del procedimiento administrativo.
Reduce el plazo de caducidad a la mitad del tiempo inicialmente previsto.
Impide definitivamente la continuación del procedimiento administrativo.
Suspende el plazo de caducidad, que se reanudará por el tiempo restante hasta un año tras la resolución firme.
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10 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con los supuestos en los que no procede la exigencia de responsabilidad por infracciones tributarias, ¿en cuál de los siguientes casos quedará excluida dicha responsabilidad?
Cuando el obligado tributario alegue un simple desconocimiento de la normativa tributaria aplicable, sin haber desplegado una diligencia mínima en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Cuando el obligado tributario sostenga una interpretación razonable de la norma tributaria, aunque no exista apoyo en criterios administrativos previos ni se haya puesto de manifiesto ante la Administración con carácter previo.
Cuando la conducta del obligado tributario sea imputable a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la propia Administración tributaria para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Cuando el obligado tributario incurra en una conducta negligente, aun cuando dicha negligencia pueda calificarse como leve en atención a las circunstancias concurrentes.