Parte 1 - Examen tipo test - Auxiliar de Función Administrativa Servicio Extremeño de Salud 31/01/2026

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1 - Según la Constitución Española de 1978, si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia será nombrada por:
El Gobierno, y se podrá componer de 5 personas.
Las Cortes Generales, y se podrá componer de 5 personas.
Las Cortes Generales, y se podrá componer de 2 personas.
El Gobierno, y se podrá componer de 2 personas.
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2 - Conforme a la Constitución Española de 1978, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán:
Por terceras partes cada tres.
Por terceras partes cada cinco. +\.
Por cuartas partes cada tres.
Por cuartas partes cada cuatro.
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3 - Según la Constitución Española de 1978, ¿quién de los siguientes cargos puede ser nombrado Senador?
Un diputado del Congreso.
Un miembro del Tribunal Constitucional.
Un miembro de la Asamblea de Extremadura.
Un militar profesional en activo.
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4 - De conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la delegación de competencias:
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegado.
La delegación será irrevocable.
En ningún caso podrán ser objeto de delegación, las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general.
No es objeto de publicación.
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5 - En cuanto a los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:
Corresponderá al secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado.
Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por dos o más personas.
No podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado.
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de diez días.
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6 - De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la abstención y recusación, señale la respuesta correcta:
Sólo podrá promoverse recusación por los interesados en la fase inicial de la tramitación del procedimiento.
La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
Contra las resoluciones adoptadas en estas materias cabrá recurso de alzada.
Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
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7 - Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, si éstas no fijan plazos de prescripción, el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que:
Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años.
Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año.
Las infracciones graves prescribirán a los tres años.
Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los cuatro años.
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8 - Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas administrativas.
Los mayores de edad emancipados.
Los interesados en el procedimiento o sus representantes.
Las uniones y entidades sin personalidad jurídica, cuando la Ley lo declare expresamente.
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9 - Conforme al artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO se requerirá a los interesados el uso obligatorio de firma para:
Interponer recursos.
Acreditar la representación.
Renunciar a derechos.
Formular solicitudes.
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10 - De conformidad con el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria:
Cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
Cuando el órgano competente para resolver decida realizar actuaciones complementarias.
Por razones de orden público.
Cuando así se establezca por mandato judicial.
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