Parte 8 - Examen tipo test (modalidad jurídica) - Grupo Técnico de la Función Administrativa (OPE 2025) Servicio Aragonés de Salud 29/03/2026

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1 - En relación con el cómputo de plazos regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el plazo se haya fijado en meses, ¿qué día concluye el plazo cuando en el mes de vencimiento no haya día equivalente a aquel en que comienza el cómputo?:
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes de vencimiento.
El plazo se entenderá que expira el último día del mes de vencimiento, salvo que sea inhábil.
El plazo concluirá el primer día hábil siguiente al mes de vencimiento en todo caso.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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2 - Según la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley podrá ejercer la siguiente actividad privada:
El desempeño de actividades de carácter profesional por cuenta propia en los asuntos en que haya intervenido en los dos últimos años.
El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias.
La participación del 10 % en el capital de las Empresas o Sociedades concesionarias.
La pertenencia a órganos rectores de Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento en que preste sus servicios el personal afectado.
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3 - ¿Cuándo puede acordarse la suspensión cautelar de pagos pendientes a la persona beneficiaria de una subvención del Gobierno de Aragón?:
Únicamente tras resolución firme de reintegro.
Tras la iniciación del procedimiento de reintegro, como medida cautelar.
Solo por orden judicial.
En cualquier momento del procedimiento de concesión.
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4 - Conforme al artículo 1902 del Código Civil, para que exista responsabilidad civil extracontractual deben concurrir:
Resultado dañoso y sanción penal.
Acción u omisión, culpa o negligencia, daño y relación de causalidad.
Impericia y dolo necesariamente.
Daños morales exclusivamente.
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5 - Los sindicatos constituidos, conforme a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, adquieren la personalidad jurídica y plena capacidad de obrar:
En la fecha que determine la norma estatutaria de constitución.
Desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y en su caso, en el “Boletín Oficial” correspondiente.
Desde el día hábil siguiente al depósito de los estatutos en la oficina pública.
Transcurridos veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos en la oficina pública.
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6 - En el caso de la expropiación de valores mobiliarios, la determinación del justo precio de los títulos se estimará en la media que resulte de aplicar criterios valorativos. Indique cuál de los siguientes NO es correcto:
La cotización media en el año anterior a la fecha de apertura del expediente.
La capitalización al tipo de interés legal del beneficio promedio de la Empresa en los tres ejercicios sociales anteriores.
El valor teórico de los títulos objeto de expropiación. Se entenderá por valor teórico la diferencia entre activo real y pasivo exigible en el último balance aprobado.
La actualización al tipo de interés legal del beneficio esperado en los tres ejercicios sociales posteriores.
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7 - En relación con la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique la respuesta INCORRECTA:
Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Para la exigencia de responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas, tenga o no relación con la producción del resultado dañoso.
La Administración correspondiente instruirá procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
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8 - Los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencias, sin perjuicio que cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas, inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, ¿a qué materias NO puede afectar?:
Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
Horario y distribución del tiempo de trabajo.
Sistema de remuneración y cuantía salarial.
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9 - En caso de conflicto entre norma interna y Derecho de la Unión Europea:
Prevalece siempre la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico español.
Prevalece la norma interna posterior.
Prevalece el Derecho de la Unión conforme al principio de primacía.
Se requiere reforma constitucional automática.
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10 - Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declarada la caducidad de un procedimiento sancionador iniciado de oficio:
Se interrumpe definitivamente el plazo de prescripción de la infracción.
No afecta al plazo de prescripción, que seguirá su curso si no se ha interrumpido válidamente.
Impide iniciar un nuevo procedimiento por los mismos hechos.
Produce la prescripción automática de la infracción.
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