1 - Para poder exportar de forma definitiva un bien constitutivo del Patrimonio Histórico Español declarado Bien de Interés Cultural (BIC) es necesario contar con:
Autorización expresa y previa de la Administración Autonómica competente.
Autorización expresa y previa de la Administración General del Estado.
Los bienes declarados BIC son inexportables.
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2 - Según dispone la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, el instrumento para la salvaguarda del Patrimonio Histórico Andaluz es:
el Inventario General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
el Catálogo Andaluz de Patrimonio Histórico.
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
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3 - Según la Ley 16/1985, de 24 de junio, del Patrimonio Histórico Español, los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de:
treinta años con carácter general.
treinta años desde el fallecimiento de dicha persona o cien años contados a partir de la fecha de los documentos.
veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.
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4 - La Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, ha sido reformada:
en tres ocasiones.
en dos ocasiones.
en cuatro ocasiones.
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5 - Los documentos de titularidad pública forman parte del Patrimonio Documental de Andalucía:
cuando tengan más de treinta años de antigüedad.
en todos los casos y con independencia de su antigüedad.
cuando así sean declarados expresamente por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.
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6 - En relación con la integración de archivos en el Sistema Archivístico de Andalucía, la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, dispone que:
se realizará de oficio, como medida de salvaguarda del Patrimonio Documental de Andalucía.
se producirá a petición de las personas físicas o jurídicas públicas o privadas interesadas.
la Ley 7/2011 no prevé la integración de archivos distintos a los ya previstos en el Sistema Archivístico de Andalucía.
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7 - A efectos de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, se entiende por Sistema Archivístico de Andalucía:
el conjunto de órganos, archivos y centros que llevan a cabo la planificación, dirección, coordinación, ejecución, seguimiento e inspección de la gestión de los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía y de los archivos integrados en dicho sistema archivístico, sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal que le sea de aplicación.
el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados a lo largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio Documental de Andalucía.
el conjunto de los documentos producidos, recibidos o reunidos por las personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, ubicados en Andalucía, que poseen, por su origen, antigüedad o valor, interés para la Comunidad Autónoma.
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8 - Según Cruz Mundet, la época en la que surgen los “archivos del Estado” como centros específicos en los que se concentran los documentos de la corona y de sus órganos de poder es:
la Edad Media.
el Antiguo Régimen.
la Edad Contemporánea.
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9 - Según Antonia Heredia Herrera en su obra Lenguaje y vocabulario archivísticos (2011), al archivo que custodia los documentos y expedientes completos, transferidos desde las unidades productoras o desde los archivos de oficina, cuyo uso administrativo todavía es frecuente, se le denomina:
Archivo intermedio.
Archivo central.
Archivo administrativo.
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10 - El “Principio de procedencia”, tal como fue formulado por Natalis de Wailly en 1840, se basa en:
el respeto al orden original de los documentos según su origen.
el respeto a los fondos, de manera que los documentos producidos por un cuerpo, establecimiento, familia o individuo no deben mezclarse con los producidos por otro.
el respeto a la prelación o importancia del órgano productor de los documentos.