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1 - Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone:

la ausencia de toda discriminación directa, por razón de sexo y especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, sin tener en cuenta las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

la ausencia de toda discriminación, indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

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2 - De acuerdo el artículo 4 bis de la ley 9/2003 de 2 de abril, para la igualdad de mujeres y hombres:

Los proyectos normativos no incorporarán un informe de impacto por razón de género.

Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.

Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de género que se elaborará por la Conselleria con competencias en materia de igualdad de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.

Todas las respuestas son incorrectas.

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3 - A través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines:

Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.

Garantizar derechos solo en el ámbito laboral que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.

Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos sectores privados para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias administrativas, a las víctimas de violencia de género.

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4 - Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos expresados por horas no podrán tener una duración:

Inferior a 1 hora, en cuyo caso se expresarán en minutos.

Inferior a 2 horas, en cuyo caso se expresarán en minutos.

Superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días.

Superior a 48 horas, en cuyo caso se expresarán en días.

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5 - El artículo 7 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados:

Las actuaciones a que den lugar se efectuarán individualmente con todos y cada uno de ellos.

Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con cualquiera de ellos.

Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que figure en primer término.

Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y en su defecto, con el que primero por orden alfabético de su apellido.

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6 - Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos:

Solo cuando dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

Solo cuando dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración.

Aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

Solo cuando no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

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7 - Señale la opción INCORRECTA, atendiendo al artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

A los efectos previstos en el este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.

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8 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Los actos administrativos en ningún caso serán objeto de publicación.

Los actos administrativos únicamente serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

Los actos administrativos únicamente serán objeto de publicación cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciada por el órgano competente.