Parte 5 - Primer ejercicio tipo test - Administrativo/a (discapacidad - ofertas 2018-2021) Gobierno de Aragón 25/10/2025

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1 - De acuerdo con el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, son bienes de dominio público del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón:
El edificio donde se ubica la sede de la Diputación Provincial de Teruel.
Un hospital titularidad del Servicio Aragonés de Salud.
Una oficina del Ayuntamiento de Barbastro.
La Plaza de la Villa de Sos del Rey Católico.
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2 - De acuerdo con el artículo 108 del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, el uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con instalaciones fijas deberá estar amparado en:
Una reserva demanial.
No es necesario un título habilitante.
Una autorización administrativa.
Una concesión administrativa.
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3 - De acuerdo con el artículo 92 del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, la desafectación de los bienes y derechos de dominio público integrados en el patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, requerirá, para su efectividad:
Comunicación a la Administración General del Estado.
Publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
De su recepción formal por el departamento competente en materia de patrimonio.
Autorización del Gobierno de Aragón.
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4 - Según el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el objeto principal de esta Ley es:
Regular las concesiones administrativas de obra pública exclusivamente.
Regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos.
Garantizar únicamente la libre competencia en los contratos.
Regular los contratos laborales en el sector público.
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5 - Según el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, NO forman parte del sector público:
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.
Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.
Las asociaciones constituidas exclusivamente por entidades privadas que no reciben financiación ni control público.
Las mutuas colaboradoras con la seguridad social.
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6 - Según el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se encuentran excluidos de la aplicación de la ley:
Los contratos de obras.
Los contratos de compraventa y de arrendamiento sobre bienes inmuebles.
Los contratos de suministro.
Los contratos de concesión de servicios.
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7 - Según el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuál de los siguientes NO es un principio que debe guiar la celebración de contratos por parte de las entidades del sector público:
Idoneidad.
Necesidad.
Especialidad.
Eficiencia.
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8 - Según el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ¿qué procedimiento permite la participación de cualquier empresario interesado?:
Abierto.
Restringido.
Negociado.
Diálogo competitivo.
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9 - Según el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al adjudicar un contrato, la Administración debe:
Adjudicar al más barato sin motivación si hay muchas ofertas.
Adjudicar utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad precio.
En el caso de que varias ofertas cumplan los requisitos se realizara un sorteo previa justificación en el expediente.
Adjudicar al contratista y negociar el precio tras la adjudicación.
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10 - De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para que la Administración pueda ejercer la potestad sancionadora debe existir:
Una norma con rango de ley que lo reconozca expresamente.
Una resolución judicial que lo autorice.
Una solicitud del afectado.
Una denuncia previa de un tercero.
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