1 - Según el artículo 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Jurisdicción Contencioso-administrativa es:
Inalienable.
Inalterable.
Inapelable.
Improrrogable.
2 - A tenor de lo establecido en el artículo 29.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, en cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:
Veinticinco años para los contratos de concesión de obras.
Veinticinco años para los contratos de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a) del artículo 29.6.
3 - Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que:
No podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
No podrá ser superior a un 3 por 100 del precio de adjudicación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
No podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el caso de división en lotes, se fijará atendiendo exclusivamente al importe del presupuesto total del contrato y no en función del importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta.
4 - De conformidad con el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuanto a la demora en la ejecución:
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, salvo los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista precisará intimación previa por parte de la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
5 - De conformidad con el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no son obligaciones de los beneficiarios:
Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
Solicitar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
6 - El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:
Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
7 - Según la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en el Ayuntamiento de Valladolid quien debe aprobar una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
La Junta de Gobierno Local pudiendo delegar en el Concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa.
El Alcalde pudiendo delegar en el Concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa.
El Pleno Municipal
La Junta de Gobierno Local con carácter indelegable.
8 - Según el art 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público ¿A qué dos principios ha de atender la designación del personal directivo profesional de las Administraciones Públicas?