1 - Según el artículo 17 de la Constitución Española de 1978, ¿cómo se denomina el procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente?:
Procedimiento de legalidad penal
De "habeas corpus"
De "corpus habeas"
De interdicción
2 - De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de los siguientes administrados no está obligado a relacionarse con las administraciones a través de medios electrónicos:
Una sociedad anónima adjudicataria de un contrato administrativo
Un funcionario del ayuntamiento de A Laracha para solicitar el disfrute de un día de asuntos propios
Una persona física para la solicitud de colocación de un contenedor próximo a su vivienda
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
3 - Acerca de la obligación de resolver regulada en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación incorrecta:
Ninguna norma podrá fijar un plazo máximo para notificar la resolución expresa que excede de seis meses
Si las normas no fijan un plazo máximo de resolución, éste será de tres meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación, en caso de procedimientos iniciados de oficio
Si las normas no fijan un plazo máximo de resolución, éste será de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u órgano competente para su tramitación, en caso de procedimientos iniciados a solicitud del interesado
La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación
4 - De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, no es una clase empleado público:
El personal eventual
El personal laboral temporal
El personal con contrato de servicios
El funcionario interino
5 - Según la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, es función del Consejo Gallego de Bienestar Social:
facilitar una distribución adecuada de recursos, de manera que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sociales para toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia.
el análisis de las necesidades y de la demanda social
fomentar la participación de la sociedad y de las administraciones públicas
desarrollar y concretar los objetivos del sistema gallego de servicios sociales
6 - Según la ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, es un derecho de las personas en relación con los servicios sociales:
participar de manera activa en su proceso de mejora, autonomía personal e inserción social.
participar activamente en el proceso que genere la intervención social en la que sean destinatarias
elegir libremente, dentro de la capacidad de oferta del sistema y previa valoración técnica, el tipo de medidas o de recursos adecuados para su caso
todas son correctas
7 - Según la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia,tienen carácter normalizador:
Las ayudas técnicas e instrumentales, que permitan mantener la autonomía de la persona para desenvolverse en su medio.
La teleasistencia social y otros servicios de carácter tecnológico, que procuren la permanencia de las personas usuarias en su medio habitual.
La atención diurna, que ofrece cuidados personales y actividades de promoción y prevención que no requieran el ingreso en un centro residencial
La protección social de las personas, con capacidade de obrar limitada, que se encuentren en situación de conflicto o desamparo.
8 - Según la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, la valoración técnica de las situaciones que determinen el reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones esenciales de carácter material o económico es competencia de:
las administraciones locales
los servicios sociales comunitarios especializados
la Xunta de Galicia
los servicios sociales comunitarios básicos
9 - Según el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación, la gestión de programas enfocados a la prevención y a la atención de personas en riesgo de exclusión mediante equipos de inclusión sociolaboral y proyectos específicos enfocados, entre otros, a personas perceptoras de rentas mínimas de inserción, personas sin hogar, inmigrantes, emigrantes retornados, comunidad gitana y otras minorías socialmente vulnerables, es función de: