1 - El artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se refiere a la competencia indicando que es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia:
Salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
Sin excepción alguna.
Salvo los casos de ausencia del titular, cuando se efecúe en los términos previstos en ésta u otras leyes.
Salvo los casos de vacante, cuando se efectúe en los términos previstos en ésta u otras leyes.
2 - Según el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la suplencia:
Implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
No implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
Implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicada en el "Boletín Oficial del Estado", en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos.
No implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicada en el "Boletín Oficial del Estado", en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos.
3 - Según el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas podrán identificarse electrónicamente:
Mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
Mediante el uso de firma electrónica basada en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
Mediante el uso de un canal electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
Mediante el uso de un estándar abierto basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
4 - Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo de la obligación de resolver, según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál será éste?
Seis meses.
Tres meses.
Un mes.
Dos meses.
5 - Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen:
Se producirá la prescripción de las acciones.
Se producirá el silencio administrativo.
Automáticamente se ampliará el plazo de resolución.
Se producirá la caducidad del expediente.
6 - Respecto al cómputo de plazos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta:
Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.
Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales.
7 - Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar por parte de los interesados prescribirá:
Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
No existe plazo establecido para la reclamación.
Cuatro años desde el hecho o acto que motivó la reclamación.
En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde el hecho causante.
8 - Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios:
De transparencia y publicidad.
De igualdad y publicidad.
De transparencia y eficacia.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9 - Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el informe que debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento y transcurriera el plazo sin que éste se hubiera emitido:
Se proseguirán las actuaciones, salvo que se trate de un informe facultativo.
Se tendrá en cuenta incluso aunque se hubiera emitido fuera de plazo.
Se podrán proseguir las actuaciones.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
10 - Según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto al recurso potestativo de reposición, señale la respuesta correcta:
Podrán ser objeto de recurso los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa.
Se podrá interponer ante el mismo órgano que los hubiera dictado o su superior jerárquico.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.