Cuestionario - Parte 5 - Examen Técnico/a de Gestión Administrativa (3 plazas) Ayuntamiento de Granada 2025

Las respuestas de la IA pueden contener errores.
1 - ¿Cuándo el municipio podrá prestar los servicios establecidos en el art. 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril?
Cuando lo apruebe el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, si considera que la prestación por parte del municipio tiene un coste menor que el derivado de la gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente.
Cuando justifique ante la Diputación que puede prestar los servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, se emita informe preceptivo de la Comunidad Autónoma, si es la Administración que ejerce la tutela financiera, y lo apruebe el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cuando justifique ante la Diputación que puede prestar los servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, y si la Diputación lo considera acreditado.
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2 - De acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que:
Haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Haya sido efectivamente realizado dentro del plazo de ejecución.
Haya sido efectivamente pagado con posterioridad a la finalización del periodo de justificación.
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3 - ¿Cómo se denomina el proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, en este caso gestión pública, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos de la organización?
Planificación operativa.
Planificación modular.
Planificación estratégica.
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4 - En referencia al análisis y diseño de procedimientos administrativos, en la fase de reingeniería de estos, una vez reunida y documentada toda la información necesaria, se procederá a su análisis para realizar el ajuste de la tramitación del procedimiento a tres niveles:
Nivel de transparencia, nivel de calidad y nivel de legalidad.
Nivel de eficacia, nivel de eficiencia y nivel de legalidad.
Nivel de transparencia, nivel de eficiencia y nivel de legalidad.
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5 - De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, la evaluación de políticas públicas tendrá, entre otros, el objetivo final de:
Mejorar la cualificación y los instrumentos de la acción pública.
Impulsar la innovación en la actuación del sector público.
Colaborar en la consecución de la eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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6 - Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según se contempla en su art. 26:
Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, coordinación y colaboración y con el objetivo de satisfacer el interés general.
Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, celeridad y objetividad para satisfacer el interés general.
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7 - El Modelo de referencia EFQM para el reconocimiento a la excelencia, se apoya en el esquema general de mejora continua para la mejora de los resultados y de los agentes facilitadores que los soportan, ¿cómo se conoce este modelo de mejora continua?
El esquema lógico REDER
El análisis modal AMFE
El análisis QFD
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8 - Los documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación, se denominan:
Manuales de funcionamiento y servicios.
Protocolos del menú de servicios.
Cartas de servicios.
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9 - Entre la documentación anexa al presupuesto general prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se incluirá el plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que contendrá:
Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.
Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y la determinación exacta de otros ingresos corrientes que se prevean obtener en cada uno de los ejercicios de duración del plan de inversiones.
La inversión prevista a realizar en cada uno de los cinco ejercicios de ejecución del plan de inversiones.
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10 - La función de ordenación de pagos compete al presidente de la entidad local, en virtud de lo contemplado en el art. 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no obstante:
El Pleno de las entidades locales de más de 500.000 habitantes de derecho, a propuesta del presidente, podrá asimismo crear una unidad central de tesorería que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones de la ordenación de pagos.
El Pleno de las entidades locales de más de 250.000 habitantes de derecho, a propuesta del presidente, podrá asimismo crear una unidad central de tesorería que, bajo la superior autoridad del titular del órgano de tesorería, ejerza las funciones de la ordenación de pagos.
El Pleno de las entidades locales de más de 250.000 habitantes de derecho, a propuesta del presidente, podrá asimismo crear una unidad central de tesorería que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones de la ordenación de pagos.