Cuestionario - Parte 6 - Examen Técnico/a de Gestión Administrativa (3 plazas) Ayuntamiento de Granada 2025

1 - Según el art. 177 del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general:

No serán ejecutivos, hasta que no transcurra el plazo de diez días siguientes desde su adopción para la presentación de las reclamaciones que contra ellos se promovieran.

Serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los diez días siguientes a la presentación, entendiéndose no presentadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

Serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

2 - Según lo preceptuado en el artículo 22 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las tasas por la prestación de servicios:

No excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos.

Podrán excluir la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos.

Excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos.

3 - Cuál de los siguientes es un supuesto de no sujeción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.

Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

4 - Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada y:

Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.

En cualquier caso, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.

En cualquier caso, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada, salvo resolución en contrario del Tribunal Económico Administrativo Municipal.

5 - Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse:

En todo caso, en el momento de su aprobación definitiva por el Pleno y una vez remitido el acuerdo al órgano de la Administración Autonómica que ostente la competencia sobre Haciendas locales y tutela financiera de los Entes locales.

En el momento de su aprobación definitiva por el Pleno y envío a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, salvo que en el propio acuerdo se señale otra fecha.

En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha.

6 - ¿Cuál de los siguientes no es un contrato de suministro conforme a lo establecido en el art. 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.

Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

Los que tengan por objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.

7 - Indique el umbral vigente, aplicable a los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada cuyo valor estimado sea igual o superior a:

221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

215.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

143.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

8 - En contratos de suministros de valor estimado inferior a 60.000 euros, según el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación:

El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.

No se requerirá la constitución de garantía definitiva.

El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días hábiles, a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 10 días hábiles.

9 - En relación con las peculiaridades de la contratación administrativa en la esfera local, señale el siguiente enunciado incorrecto, atendiendo a las normas específicas previstas en la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sin que la adjudicación esté sometida a condición alguna.

En los contratos celebrados en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la aprobación del gasto podrá ser sustituida por una certificación de existencia de crédito que se expedirá por el Secretario Interventor o, en su caso, por el Interventor de la Corporación.

En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, en los contratos de obras cuya financiación exceda de un presupuesto anual, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas.

10 - No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

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