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1 - En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, las partes:

En sus actuaciones ante órganos unipersonales, siempre deberán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.

En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes, en todo caso, deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.

Los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

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2 - El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida:

Por una disposición de rango legal o reglamentario.

Solo cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley.

Exclusivamente por una norma reglamentaria.

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3 - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse:

Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

Desde el mismo día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

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4 - En el caso de existencia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, la indemnización procedente:

Deberá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pago único, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

No podrá sustituirse por una compensación en especie, y deberá ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

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5 - Si se produce una lesión en un particular, como consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional:

Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

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6 - En el procedimiento de expropiación forzosa, la fijación del justo precio se tramitará:

Como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse.

Unida a la pieza principal, en la que se describa la valoración de su justo precio.

Como pieza principal, y a tal fin se abrirá un expediente colectivo a todos los propietarios de bienes expropiables.

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7 - Las disposiciones contenidas en el Título I, sobre la transparencia de la actividad pública, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán, entre otros, a:

La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades de derecho público sea inferior al 50 por 100.

Las fundaciones del sector privado previstas en la legislación en materia de fundaciones.

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8 - El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales:

Se encuentra amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, y se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Se encuentra amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/6709, en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, en el Real Decreto-ley 53/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Se encuentra amparado por el artículo 17.2 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/679 y en la ley 3/2017, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

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9 - Las actuaciones urbanísticas tienen por objeto:

La realización de las actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, la obtención de sistemas generales y locales o para mejorar o completar la urbanización.

En suelo urbano, la realización de actuaciones de mejora urbana y actuaciones de reforma interior.

En suelo rústico común, la realización de las actuaciones de nueva urbanización.

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10 - Para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica:

Podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación, que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación que acredite conocimientos generales en materia de protección de datos.

Podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.

Deberán demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos obligatorios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación técnica que acredite conocimientos generales en materia de protección de datos.