Parte 7 - Prueba única tipo test - nueve plazas de Auxiliar Administrativo/a (T.L) Diputación Provincial de Cáceres 09/05/2026

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1 - Conforme al artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:
Una vez que el acto sea firme y no quepa recurso contra él.
Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Desde su publicación en el diario oficial correspondiente.
Desde el día siguiente a su notificación al interesado.
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2 - ¿En qué plazo deberá ser cursada la notificación de un acto administrativo, según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
Dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido firmado.
En el plazo de siete días a partir de la fecha en que el acto haya sido firmado.
Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
En el plazo de treinta días a partir de la fecha en que el acto haya sido firmado.
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3 - Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada:
Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Nunca se entiende rechazada, debiendo la Administración intentar la notificación en papel.
A las 24 horas de su puesta a disposición en la sede electrónica.
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4 - Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuál NO constituye un criterio general de actuación de los Poderes Públicos?
El compromiso con la efectividad del derecho penal de igualdad entre mujeres y hombres.
La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones
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5 - ¿Qué se entiende por representación equilibrada en el artículo 4.4 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura?
La adopción de las medidas necesarias para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones y para el fomento de la participación o composición equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones.
La situación que garantiza el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, laborales y culturales y para eliminar la discriminación.
La adopción de las medidas oportunas para fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las estructuras de poder y toma de decisiones.
Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
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6 - ¿Qué se entiende por acoso sexual según el artículo 4.6 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura?
La situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una persona, atentando contra su dignidad.
El trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad o la paternidad.
La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.
La situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.
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7 - Según el artículo 8.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y el apoyo a la mejora de las mismas ?
El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
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8 - Conforme al artículo 10 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corresponderá a las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria referentes a la salud laboral:
La comprobación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente Ley.
La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores.
La colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas.
El establecimiento de los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.
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9 - Según el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.
La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los artículos 16 y 17 de esta Ley.
La planificación de las medidas de emergencia.
La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 18 de esta Ley.
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10 - Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «riesgo laboral»:
La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
La ausencia de medidas preventivas específicas.
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