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1 - De acuerdo con el artículo 90 de la Ley 39/2015, respecto a la resolución de los procedimientos sancionadores, señale la respuesta INCORRECTA:

En el caso de este tipo de procedimientos, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, fijará los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.

Cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de diez días.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.

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2 - De conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale la opción CORRECTA en relación con el recurso de reposición:

Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en reposición.

El recurso de reposición se presentará ante el órgano superior al que ha dictado el acto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

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3 - Según el artículo 19 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público (en adelante, Ley 40/2015), NO será función del secretario del órgano colegiado:

Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

Efectuar la convocatoria de las sesiones.

Emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado.

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4 - De conformidad con el artículo 24 de la Ley 40/2015, sobre la recusación:

La recusación podrá promoverse de forma oral o por escrito.

Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de cinco días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

El mismo día en que se realice la comunicación al recusado, este manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.

Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

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5 - En base a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 40/2015, sobre el principio de tipicidad, señale la respuesta CORRECTA:

Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

Las sanciones administrativas en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley.

Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

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6 - El plazo de prescripción de las infracciones administrativas, según se regula en el artículo 30.2 de la Ley 40/2015, comenzará a contarse:

Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido.

Desde el día siguiente en que se inicia el procedimiento disciplinario.

Desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

Desde el día siguiente en que sea ejecutable la resolución o haya transcurrido el plazo para interponerlo.

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7 - Respecto al principio de responsabilidad patrimonial establecido en el artículo 32 de la Ley 40/2015, señale la respuesta INCORRECTA:

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes de la aplicación de actos legislativos de que tengan el deber jurídico de soportar.

En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

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8 - Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (en adelante, Ley 9/2017), el contrato que tenga por objeto la adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, se corresponde con:

Suministros.

Servicios.

Concesión de servicios.

Concesión de obras.

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9 - Según el artículo 25 de la Ley 9/2017, de entre los siguientes contratos, ¿cuáles tienen carácter administrativo?

Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a publicaciones periódicas.

Los contratos que tengan por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente, con la redacción del proyecto.

Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnen la condición de poder adjudicador.

Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de administraciones públicas.

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10 - Según establece el artículo 39 de la Ley 9/2017, los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que falte la clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario:

Será causa de anulabilidad.

Supondrá una mera irregularidad

Producirá una causa de invalidez.

Nulidad de pleno derecho.