Parte 4 - Examen tipo test - Administrativo/a P.I (OPE 2022-2023) Junta de Andalucía 21/09/2024

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1 - Según el art. 74 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la Tesorería General situará sus caudales en:
En el Banco Europeo de Inversiones.
En la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
En el Banco de España y en las entidades de crédito y de ahorro.
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2 - Según establece el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dicha ley se aplica al sector público, que comprende:
La Administración General del Estado y las Entidades que integran la Administración Local.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
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3 - Una de las causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera es la jubilación total. A este respecto el apartado 1 del artículo 120 Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, establece que el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo:
Con el límite máximo del cumplimiento de la edad de setenta años.
Con el límite mínimo del cumplimiento de la edad de setenta y dos años.
Con el límite máximo del cumplimiento de la edad de setenta y un años.
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4 - Según dispone el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:
Diez días a partir del día siguiente a la fecha en la que el acto haya sido dictado.
Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
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5 - De conformidad con el artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, durante la fase de ejecución del contrato administrativo, para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo, los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades a imponer al concesionario que deberán ser:
Proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 25 por cien del precio del contrato.
Proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.
Proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 60 por cien del precio del contrato.
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6 - El apartado 2 del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, regula respecto a la promoción interna del personal funcionario de carrera que:
Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía y superar las correspondientes pruebas selectivas.
Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.
Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, cuatro años de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía y superar las correspondientes pruebas selectivas.
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7 - De conformidad con lo establecido en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con los bienes de dominio público, no es cierto que:
Mientras conservan tal carácter, no podrán ser enajenados ni gravados en forma alguna.
La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá recuperar en cualquier momento la posesión de los bienes demaniales que se hallen indebidamente en posesión de terceros.
Los bienes de dominio público son alienables, imprescriptibles e inembargables.
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8 - Según el artículo 1.3 del Código Civil, la costumbre:
Sólo regirá en defecto de una norma escrita, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.
Sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.
Sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, resulte o no probada.
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9 - Los contratos del sector público, conforme a lo establecido en el artículo 102.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:
Tendrán siempre un precio cierto, en el que se entenderá excluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tendrán siempre un precio cierto, en el que se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que podrá indicarse como partida independiente.
Tendrán siempre un precio cierto, en el que se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
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10 - De conformidad con el art. 83 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las agencias e instituciones podrán prestar avales hasta el límite máximo fijado para los mismos dentro de cada ejercicio por:
La Ley del Presupuesto, siempre que estén autorizadas para ello por sus leyes fundacionales.
La Ley de Presupuesto y la Ley Transparencia Pública de Andalucía, siempre que estén autorizadas para ello por sus leyes fundacionales.
La Ley del Presupuesto, sin necesidad de que estén autorizadas por sus leyes fundacionales.