Teórico - Parte 2 - Examen tipo test - Trabajo Social T.L (OPE 2021) Junta de Andalucía 10/07/2022

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1 - El órgano de representación de los municipios y las provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias locales, según el artículo 57.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, es:
El Consejo Andaluz de municipios y provincias.
El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
La Comisión bilateral de la Junta de Andalucía, municipios y provincias.
La Conferencia Sectorial Local.
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2 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, ¿qué puede constituir un impedimento para dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz?
Tener una relación especial de dependencia de un Poder Público.
La incapacidad legal del sujeto.
El internamiento en un centro penitenciario o de reclusión.
Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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3 - Según el artículo 6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Presidente electo o la Presidenta electa tomará posesión de su cargo:
Dentro de los tres días siguientes al de la publicación de su nombramiento en el BOJA.
Dentro de los cinco días siguientes al de la publicación de su nombramiento en el BOJA.
Dentro de los siete días siguientes al de la publicación de su nombramiento en el BOJA.
Dentro de los diez días siguientes al de la publicación de su nombramiento en el BOJA.
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4 - En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la modificación o refundición de las agencias deberá producirse:
Por Ley, en todo caso.
Por Decreto del Consejo de Gobierno, en todo caso.
Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de adscripción.
Por Ley o por Decreto del Consejo de Gobierno, según los casos.
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5 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la persona titular de la Secretaría General Técnica, tendrá competencias relacionadas con:
La producción normativa y la asistencia jurídica.
El asesoramiento a la persona titular de la Consejería en el desarrollo de las funciones que a esta le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos.
Los programas de inspección y evaluación de los servicios de la Consejería.
La consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización.
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6 - Según lo establecido en el artículo 116.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ¿cuándo será competente el Consejo de Gobierno para la revisión de oficio de los actos nulos?
Respecto de los actos dictados por los máximos órganos rectores de las agencias.
Respecto de los actos dictados por los órganos directivos de las Consejerías.
Respecto de sus propios actos.
Respecto de los actos dictados por los máximos órganos directivos de las agencias.
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7 - ¿Por quién serán resueltos los procedimientos de abstención y recusación de autoridades y del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, en base a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía?
Por el Consejo de Gobierno con carácter general.
Cuando el procedimiento afecte a altos cargos de la Administración, por el Consejo de Gobierno, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Por la persona titular del órgano jerárquico inmediatamente superior.
Cuando el procedimiento afecte a los titulares de las Consejerías, la resolución corresponderá al Parlamento, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
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8 - Según lo establecido en el artículo 26 de Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos del Real Decreto Legislativo y de normas reglamentarias, señale la respuesta correcta:
El procedimiento nunca podrá prescindir de la consulta pública.
El centro directivo competente elaborará sin carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
El Ministerio del Interior, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno, será el encargado de analizar entre otros aspectos, la calidad técnica y el rango de la propuesta normativa.
Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente.
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9 - Relativo a los casos de estimación por silencio administrativo y a la obligación de dictar resolución expresa de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?
La resolución expresa posterior se podrá dictar sin vinculación alguna al sentido del silencio.
La resolución expresa posterior podrá dictarse de ser confirmatoria al acto, salvo razones imperiosas de interés general.
La resolución expresa posterior sólo podrá dictarse de ser confirmatoria al acto.
La resolución expresa posterior podrá dictarse de ser confirmatoria al acto, salvo que así esté dispuesto en norma con rango de ley.
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10 - Según lo regulado en el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, ¿qué órgano podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas?
El órgano competente para resolver.
El órgano competente para iniciar.
El órgano competente para instruir.
Las opciones B) y C) son correctas.
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11 - De acuerdo con lo regulado en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo se procederá cuando un informe preceptivo no se emite en el plazo señalado?
Se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, sin que pueda exceder en ningún caso de tres meses.
Se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, sin que pueda exceder en ningún caso de dos meses.
Se reiterará la petición de informe, pudiendo suspender el plazo legal para resolver el procedimiento por un máximo de dos meses, durante el tiempo que medie entre la solicitud y recepción del informe.
Se proseguirán las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora.
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