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1 - – De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, la presidencia del Consejo Consultivo Comarcal, al simple efecto de mantener el orden de las deliberaciones y declarar su resultado, corresponderá:

En todo caso, al alcalde del municipio con mayor población.

Al presidente de la Comarca.

Por rotación a cada uno de los alcaldes miembros, siguiéndose el orden de los municipios de mayor a menor población.

Al alcalde con mayor número de concejales en la Comarca.

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2 - – Según el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, tal y como indica el artículo 45 de dicho texto, ¿a quién corresponde el Gobierno y Administración comarcal?:

Al Consejo comarcal.

Al Consejo Consultivo comarcal.

Al Consejo social.

Al Consejo Interprovincial.

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3 - – De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación a los trabajadores:

Deberá impartirse siempre dentro de la jornada de trabajo.

Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos.

Su coste podrá recaer sobre el trabajador.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva en el momento de su contratación, salvo que se trate de un contrato temporal.

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4 - – De acuerdo al artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, los resultados de la vigilancia de la salud se comunicarán:

Al empresario y a los trabajadores afectados.

A los trabajadores y a los Delegados de Prevención.

A los trabajadores afectados.

Al empresario, a los Delegados de Prevención y a los trabajadores afectados.

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5 - – Con relación a los Decretos-Leyes y su convalidación, el artículo 86.2 de la CE establece que:

Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de su totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los quince días siguientes a su promulgación.

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que podrán afectar al régimen de las Comunidades Autónomas y al Derecho Electoral General.

El Congreso será convocado para el debate y votación de los Decretos-Leyes en el plazo de los quince días siguientes a su promulgación, debiendo esperar a la finalización de dicho plazo para que las Cortes puedan tramitarlos por el procedimiento de urgencia.

Deberán someterse a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

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6 - – De acuerdo con el artículo 128.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (en adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre), el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:

Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales.

Al gobierno de la nación exclusivamente.

A las comunidades autónomas exclusivamente.

Al presidente de la corporación de las entidades locales.

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7 - – De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular:

Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, cuando aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general.

No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, en cualquier caso.

Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general en el caso de que lo autorice el Presidente del Gobierno.

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8 - – De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en relación con el inicio de oficio del procedimiento administrativo:

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente exclusivamente por propia iniciativa.

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Los procedimientos en ningún caso se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente a petición razonada de otros órganos.

Los procedimientos se iniciarán de oficio siempre como consecuencia de orden superior con motivo de denuncia.

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9 - – Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los órganos administrativos, señale la opción INCORRECTA:

Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.

La creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.

No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos.

A propuesta del Gobierno y previa justificación razonada, podrán crearse nuevos órganos en la misma Administración Pública, aunque puedan suponer duplicación de otros ya existentes sin necesidad de suprimir o restringir la competencia de estos.

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10 - – De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la finalización del procedimiento señale la opción INCORRECTA:

Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.

Producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

En ningún caso pondrá fin al procedimiento la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, aunque tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.

La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.