1 - – Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, y en relación con el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo:
No inferior a diez días ni superior a quince.
No inferior a quince días ni superior a veinte.
No inferior a cinco días ni superior a quince.
No inferior a diez días ni superior a veinte.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
2 - – Según el artículo 25 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, los y las menores de edad podrán ejercer el derecho a la información pública:
La ley no contempla el derecho a la información pública en menores de edad.
A partir de los 16 años.
A partir de los 14 años.
A partir de los 12 años.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
3 - – El artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre los efectos del acto administrativo establece que:
Se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Se presumirán válidos desde la fecha en que se dicten, pero no producirán efectos hasta el día siguiente, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Se presumirán válidos desde el día siguiente al que se dicten, pero producirán efectos retroactivos con carácter general.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
4 - – De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces:
Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar.
Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
Se tomará la fecha de la notificación electrónica siempre.
No se puede notificar por diversos cauces.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
5 - – El artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:
Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Los dictados por órgano incompetente por razón de la jerarquía o del procedimiento.
Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
6 - – La Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece con respecto al recurso de alzada que:
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de quince días hábiles, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
7 - – Dice el artículo 5.1 de la Ley 1/1998, de 16 de febrero, sobre reclamaciones tributarias en la Comunidad Autónoma de Aragón que, "la impugnación de los actos en la materia objeto de la presente ley podrá realizarse por alguno de los siguientes medios":
No puede interponerse reclamación económica-administrativa si previamente no se ha promovido contra los mismos el correspondiente recurso de reposición.
Recurso de alzada.
No admiten impugnacion en via administrativa sino directamente ante la jurisdiccion contencioso administrativa .
Reclamación económico-administrativa.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
8 - – El artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa (en adelante, Ley 29/1998, de 13 de julio), establece que los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia, de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de un año.
Las sanciones administrativas que consistan en multas no inferiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
Las sanciones administrativas que consistan en multas no inferiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de un año.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
9 - – El artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establece que los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales se conocerán en única instancia por:
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
10 - – De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando se trate de Organismos o Corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una Administración territorial, se entiende por administración demandada:
La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición.
La que ejerza la fiscalización, si mediante ella se aprueba íntegramente el acto o disposición.
El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización no es aprobatorio.
El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizados y el órgano fiscalizador en todo caso.