Parte 10 - Primer ejercicio tipo test - Administrativo/a (T.L - OEP 2020-2021) Xunta de Galicia 02/07/2023

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1 - De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿cuándo queda formalizada la reserva del crédito por un importe y unas condiciones exactamente determinados?
Con la retención de crédito.
Con los actos de disposición.
Con la autorización del gasto.
Con el reconocimiento de la obligación.
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2 - Según el artículo 77.2 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿cuál de los siguientes no es un supuesto en el que puedan expedirse órdenes de pago a justificar?
Cuando los documentos justificativos no puedan adjuntarse antes de efectuar la propuesta de pago.
Cuando se considere conveniente la utilización de este sistema para agilizar significativamente la gestión de los créditos.
Cuando se trate de gastos periódicos o repetitivos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios.
Cuando las órdenes de pago tengan por objeto satisfacer gastos en localidades donde no existan dependencias del organismo autónomo de que se trate.
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3 - ¿Quién establece las normas generales que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar, según el artículo 77.3 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia?
El Consello de la Xunta, oídas las consellerías, previo informe de la Intervención General.
El Consello de la Xunta, previo informe de la Consellería de Economía y Hacienda.
La Consellería de Economía y Hacienda, oídas las consellerías, previo informe de la Intervención General.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma, oídas las intervenciones delegadas.
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4 - Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, corresponde a la definición de:
Discriminación directa.
Discriminación indirecta.
Discriminación por asociación.
Acoso.
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5 - De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿cuál de los siguientes no es un principio de esta ley?
La normalización.
La accesibilidad universal.
El diálogo social.
La vida independiente.
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6 - Según lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿quién regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad?
Los ayuntamientos o diputaciones provinciales competentes por razón del territorio.
El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales.
Los gobiernos autonómicos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración general del Estado.
Las entidades locales, previa firma del oportuno convenio con la administración autonómica competente.
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7 - Según el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿quién se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad?
La persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La persona titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad.
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
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8 - Según el artículo 36 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el informe anual al Parlamento:
En el apartado relativo al grado de aplicación y cumplimiento de esta ley, se recogerá, en todo caso, la evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de los distintos sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, formulándose requerimientos expresos en el caso de cumplimiento insuficiente.
Se presentará al Parlamento y estará también a disposición de la ciudadanía dentro del Portal de transparencia y Buen Gobierno, así como en la página web de la Xunta de Galicia.
Se presentará al Parlamento y estará también a disposición de la ciudadanía dentro del Portal de transparencia y Buen Gobierno, así como en la sede electrónica del Valedor del Pueblo.
Se presentará al Parlamento y estará también a disposición de la ciudadanía dentro del Portal de transparencia y Buen Gobierno, así como en la página web del Parlamento.
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9 - Según el artículo 41.3 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en cuanto a la compatibilidad, para el ejercicio de las funciones docentes se requerirá autorización expresa:
Del Consello de la Xunta.
De la persona titular de la consellería competente en materia de educación.
De la persona titular de la dirección general competente en materia de función pública.
De la persona titular de la consellería competente en materia de función pública.
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10 - De conformidad con el artículo 38 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, que regula el nombramiento y ejercicio de alto cargo, señale la respuesta correcta:
El nombramiento del alto cargo se hará entre personas competentes y se realizará atendiendo a criterios de idoneidad profesional entre personas con cualificación, formación y experiencia en función del cargo a desempeñar.
La idoneidad será apreciada por quien propone o por quien nombra al alto cargo.
La adhesión al Código ético institucional de la Xunta de Galicia deberá figurar expresamente en el acto de nombramiento del alto cargo.
El tratamiento oficial de los miembros del Gobierno y de los altos cargos será el de señor/señora, seguido de la denominación del cargo, empleo y rango correspondiente.
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