Parte 5 - Primer ejercicio tipo test - Administrativo/a (T.L - OEP 2020-2021) Xunta de Galicia 02/07/2023

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1 - De conformidad con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula los principios de responsabilidad, señale la respuesta correcta:
Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea anteriormente declarada.
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con esta Ley.
Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos normativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos y en los términos que en ellos se especifiquen.
Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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2 - El artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la indemnización en los procedimientos de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Señale la respuesta correcta:
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés social, siempre que exista acuerdo con el interesado.
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación presupuestaria, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en todo caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones sociales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
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3 - Según el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el Archivo electrónico de documentos, señale la respuesta correcta:
Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en su caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en su caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes equipos.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección de datos y conservación de los documentos almacenados.
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4 - En relación a las actas de los órganos colegiados reguladas en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta incorrecta:
El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo podrá remitir a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
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5 - En relación a la abstención regulada en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:
La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias podrá dar lugar a la responsabilidad que proceda.
La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
Es motivo de abstención tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia de tiempo o lugar.
Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las causas de abstención deberán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.
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6 - En relación a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas regulados en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta incorrecta:
La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea», salvo que en ella se establezca otra cosa.
En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
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7 - Según el artículo 2.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia actúa con personalidad jurídica:
Propia.
Única.
Diferenciada.
Solidaria.
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8 - Según el artículo 23.2 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la creación, modificación y supresión de consellerías será aprobada:
Por ley del Parlamento de Galicia.
Por orden del conselleiro respectivo.
Por decreto del Consello de la Xunta.
Por decreto de la persona titular de la Presidencia de la Xunta.
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9 - El artículo 37.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia establece que la titularidad y el ejercicio de la potestad reglamentaria de la Comunidad Autónoma corresponde:
A la Xunta de Galicia.
A las personas titulares de las consellerías.
A la Xunta de Galicia y a las personas titulares de las consellerías.
Al Parlamento de Galicia.
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10 - Conforme a lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, las bases reguladoras aplicables a la concesión de subvenciones:
Tendrán la consideración de disposiciones administrativas de carácter general a los efectos establecidos en el título II.
Adoptarán la forma de resolución si son aprobadas por la persona titular de la consellería.
Adoptarán la forma de orden si son aprobadas por el Consello de la Xunta de Galicia.
No tendrán la consideración de disposiciones administrativas de carácter general a los efectos establecidos en el título II.