Parte 8 - Primer ejercicio tipo test (aplazado covid) - Administrativo/a (T.L - OEP 2019) Xunta de Galicia 14/07/2021

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1 - Según el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado:
La presentación de la proposición.
La adjudicación del contrato a su favor.
La publicación del anuncio de licitación.
La constitución de la garantía definitiva.
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2 - Según el artículo 72.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que esta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de:
Tres años desde la fecha de inscripción en el registro correspondiente.
Tres años desde la fecha de la condena por sentencia firme.
Cinco años desde la fecha de inscripción en el registro correspondiente.
Cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme.
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3 - Según el artículo 78.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los intereses públicos, la contratación de la Administración General del Estado con personas que no estén clasificadas podrá ser autorizada por:
El ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
El Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y la Mesa de Contratación.
El Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
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4 - Según el artículo 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en:
Grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza.
Grupos generales y subgrupos, en función de su cuantía.
Categorías, según su naturaleza.
Categorías, en función de su objeto.
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5 - Según el artículo 80 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por :
Las Comisiones Clasificadoras de la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública del Estado.
Las Comisiones Clasificadoras del Comité Estatal de Cooperación en materia de Contratación Pública.
Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Las Comisiones Clasificadoras de la Oficina Nacional de Evaluación de la Contratación Pública.
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6 - Según el artículo 82.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia:
Anual respecto de la solvencia económica y financiera.
De tres años respecto de la solvencia económica y financiera.
Indefinida.
Anual respecto de la solvencia técnica y profesional.
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7 - Según el artículo 86 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por:
La Mesa de Contratación.
El órgano de contratación.
Las Comisiones Clasificadoras.
La Mesa Especial de Clasificación.
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8 - Según el artículo 108.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio:
En los contratos de concesión de obras, así como en los contratos de obras.
En los contratos de concesión de obras, así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante.
En los contratos de concesión de obras.
En los contratos de obras.
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9 - Según el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato, en los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria:
En supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 50.000 euros.
En supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros.
En supuestos de emergencia y con un valor estimado inferior a 50.000 euros.
En supuestos de emergencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros.
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10 - Según el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, relativo a la justificación de las subvenciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos en las bases reguladoras de la subvención.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito del derecho administrativo.
La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendimiento de la misma vendrán determinados en los términos establecidos reglamentariamente.
Cuando el beneficiario esté sujeto al régimen de contabilidad empresarial, la presentación de las cuentas del ejercicio donde se reflejen las operaciones relacionadas con la subvención concedida, elaboradas según normas de contabilidad recogidas en las disposiciones aplicables, constituirán un medio de justificación.
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