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1 - Conforme al art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), las personas tienen derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de los denominados:

Nodos de Acceso General Electrónico de la Administración.

Puntos de Acceso General Electrónico de la Administración.

Nodos de Acceso General de Nuevas Tecnologías e Innovación de las Administraciones Públicas.

Puntos de Acceso General de Nuevas Tecnologías e Innovación de las Administraciones Públicas.

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2 - De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos legalmente previstos, el plazo que se otorgará al afectado para subsanar la solicitud será de:

Cinco días.

Diez días.

Quince días.

Veinte días.

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3 - En el procedimiento administrativo, se presumirá la representación:

En los actos y gestiones de mero trámite.

En la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones.

En el desistimiento de acciones.

En la formulación de solicitudes.

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4 - ¿Qué efectos produce el rechazo de la notificación por la persona interesada?:

La Administración debe notificarle nuevamente y se paraliza el procedimiento.

El procedimiento se resolverá desestimando las pretensiones de la persona interesada.

El trámite se considera efectuado, pero se paraliza el procedimiento hasta que la persona interesada reciba la notificación de manera fehaciente.

Se entenderá efectuado el trámite y continúa el procedimiento.

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5 - ¿Cómo debe procederse en caso de que la notificación en papel no pueda practicarse tras los intentos preceptivos?:

Se considerará que la notificación ha sido practicada continuando el procedimiento.

Debe publicarse un anuncio de la notificación en el Boletín Oficial del Estado.

Se entenderá que no se ha practicado la notificación y la Administración efectuará tantos intentos como sean necesarios hasta la efectiva notificación.

Debe publicarse un aviso de notificación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

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6 - Tiene consideración de documento público administrativo según el art. 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP):

Los documentos válidamente emitidos por los notarios que se dirijan a la Administración Pública.

Los documentos válidamente emitidos por los ciudadanos que dirijan a la Administración Pública.

Los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

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7 - El art. 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) prevé que la efectiva ejecución en régimen de monopolio de las actividades cuya reserva declara en favor de las Entidades Locales requiere:

Aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Aprobación por la Junta de Gobierno Local, cuando exista, de la correspondiente Corporación local.

Aprobación por la Alcaldía de la correspondiente Corporación local.

Únicamente aprobación del Pleno de la correspondiente Corporación local.

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8 - En la actualidad, los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse mediante:

Concierto, gestión interesada y sociedad de economía mixta.

Concierto y sociedad de economía mixta.

Sociedad de economía mixta.

Ninguna de las tres fórmulas anteriores.

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9 - Es un requisito para entender que estamos ante una subvención de las reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

Que se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad particular exclusiva del beneficiario.

Que se otorgue sin la previa solicitud del beneficiario.

Que la entrega dineraria se realice con contraprestación directa de los beneficiarios.

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10 - ¿Cuándo prescribe el derecho a reclamar de los interesados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial?

No prescribe.

Al año.

Al año, salvo en los casos de daños físico o psíquico a las personas, que no prescribe.

Al año, salvo en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, que no prescribe.