1 - El Título de la Constitución que se dedica a las Cortes Generales es el
III
IV
V
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
2 - De conformidad con el artículo 150 de la Constitución, las Leyes Marco son aquellas por las que
En materia de competencia de las Comunidades Autónomas, fija un marco común que habrá de respetar la normaitiva autonómica y que tienen como objeto homogeneizarla para evitar la desigualdad en derechos.
En materias de competencia estatal, atribuyen a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas bajo un marco de principios, bases y directrices fijados por la Ley.
En materia de competencia de las Comunidades autónomas, establece un marco de principios, bases y directrices que habrá de respetarse en el desarrollo reglamentario autonómico.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
3 - Corresponde al Rey, a los efectos de ser informado de los asuntos de Estado, presidir:
Las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
Las sesiones del Congreso de los Diputados, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
Las sesiones de cualquier de las Cámaras, cuando lo estime oportunos, a petición del su Presidente.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
4 - La Constitución española entró en vigor
El 27 de diciembre de 1978
El 28 de diciembre de 1978
El 29 de diciembre de 1978
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
5 - Conforme al artículo 53 de la Constitución, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de
Inmediación y oralidad
Impulso procesal y oralidad
Preferencia y sumariedad.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
6 - El derecho de reunión pacífica y sin armas
Precisa de la previa autorización del Delegado o Subdelegado del Gobierno.
No precisa autorización.
Podrá ser denegado su ejercicio por razones fundadas de afección a la movilidad urbana.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
7 - La declaración de lesividad para el interés público de un acto administrativo
Deja sin efecto actos anulables y frente a tal declaración los perjudicados podrán interponer recurso administrativo.
Habilita a la Administración autora del acto, para su impugnación ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo correspondiente pero los interesados no podrán impugnar tal declaración.
En los Ayuntamientos el órgano competente para la declaración será el Pleno, salvo en los Municipios sometidos al régimen de Gran Población del Título X de la LBRL que será la Junta de Gobierno Local.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
8 - La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas
Implicará la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, en todo caso.
Conllevará, en todo caso, la nulidad relativa del acto intempestivo.
Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
9 - De conformidad en el art. 4 de la Ley 39/2015, tienen la condición de interesado en un procedimiento administrativo
Todos los que tengan un interés legítimo, sin necesidad de personación.
Los que, sin ser los solicitantes, tengan derechos que pueden verse afectados por la Resolución definitiva que se dicte, pero, únicamente si se personan en el procedimiento.
Los que tengan un interés legítimo, se personen en el procedimiento administrativo y lo hagan antes de que se dicte Resolución definitiva.
Las respuestas de la IA pueden contener errores.
10 - El apoderamiento “apud acta”
Cabe en vía administrativa, pero solamente puede hacerse de manera presencial en la oficina de registro del organismo público correspondiente.
Cabe en vía administrativa y puede hacerse, bien por comparecencia electrónica, bien por comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
No cabe en vía administrativa, solamente en vía jurisdiccional y para el otorgamiento de la representación frente a los órganos jurisdiccionales.