Teórico - Parte 5 - Cuestionario Extraordinario - Administrativos (OEP 2023-2024) Castilla - La Mancha 04/11/2025

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1 - De acuerdo con el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la ejecución de los tratados internacionales corresponderá:
Al organismo que determine el correspondiente tratado.
Al Ministerio competente en materia de asuntos exteriores.
A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en lo que afecten a las materias propias de su competencia.
A la Comisión Interministerial de Coordinación en materia de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
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2 - Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la suscripción de cualquier convenio deberá remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda cuando:
Los compromisos económicos asumidos superen los 100.000 euros.
Los compromisos económicos asumidos superen los 200.000 euros.
Los compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros.
En todos los supuestos por cualquier cuantía, dentro de los tres meses siguientes a la suscripción.
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3 - De acuerdo con la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es consecuencia del principio de tipicidad en materia sancionadora:
Que las disposiciones sancionadoras que se apliquen sean las vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen infracción administrativa.
Que sólo puedan ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas.
Que la sanción administrativa en ningún caso implique privación de libertad.
Que únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
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4 - El procedimiento en virtud del cual la Administración, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, declara de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, se denomina:
Recurso de alzada.
Recurso de reposición.
Declaración de lesividad.
Revisión de oficio.
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5 - Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio:
Son actos nulos de pleno derecho.
Son actos susceptibles de convalidación.
Son actos anulables.
Son actos nulos convalidables.
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6 - Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada en caso de:
Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
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7 - De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrá ser objeto de aplicación la tramitación de emergencia:
Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro.
A los expedientes correspondientes a los contratos cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.
A los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable.
Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de necesidades que afecten a la defensa nacional siempre que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada.
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8 - Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en un contrato de concesión de obras la contraprestación a favor del concesionario consiste en:
Únicamente en el derecho a explotar la obra y deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.
Únicamente en el de percibir un precio si bien, en el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al concesionario separadamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.
En el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
En el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio, solo en los contratos sujetos a regulación armonizada.
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9 - De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito imprescindible:
La autorización previa de la Administración del acuerdo de cesión.
La elevación a escritura pública y posterior notificación fehaciente a la Administración del acuerdo de cesión.
La autorización previa de la Administración, elevación a escritura pública y posterior notificación fehaciente a la Administración del acuerdo de cesión.
La notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.
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10 - ¿Cuál de los siguientes criterios NO debe ser especialmente considerado según la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha para la graduación de la posible sanción a aplicar?:
El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
La persona responsable de la falta disciplinaria posee antecedentes cancelados en un procedimiento disciplinario pendiente de resolución por la comisión de una falta de la misma naturaleza.
Los daños o perjuicios causados a la Administración o ciudadanía.
El interés, beneficio, o provecho propio o ajeno, perseguidos con la falta disciplinaria.
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