Parte 5 - Examen tipo test - Grupo técnico de la Función Administrativa (T.L) SESCAM 14/03/2026

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1 - La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que, si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde:
A los órganos superiores competentes exclusivamente por razón de la materia.
A los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.
A los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio.
Al órgano que designe la máxima autoridad administrativa por razón de la materia.
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2 - La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula que la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento del siguiente requisito:
Delimitación de sus competencias que deberán ser determinadas por Ley.
No asumir idénticas funciones a las de otro ya existente, aunque su creación se produzca en otro territorio.
Es libre en base a las potestades de autoorganización de las Administraciones Públicas.
Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
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3 - Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla:
Estimada, siempre, por silencio administrativo.
Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
Desestimada por silencio administrativo.
Estimada en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
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4 - De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por:
Apremio sobre el patrimonio.
Imposición de una tasa pecuniaria siempre que estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
Compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice.
Ejecución subsidiaria.
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5 - La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que se podrá acordar un período de información pública por:
El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera.
El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento.
El órgano al que corresponda la ordenación del procedimiento,
En un procedimiento administrativo no es posible, en ningún caso, acordar un trámite de Información Pública, salvo por la elaboración de normas.
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6 - Según la Orden de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, la creación de nuevos conceptos, subconceptos y programas presupuestarios corresponderá:
A la persona titular de la Dirección General competente en materia de presupuestos.
Al Consejo de Gobierno.
Al titular de la Consejería competente en materia de hacienda.
Al órgano competente de la sección presupuestaria interesada, a solicitud de la persona titular de la secretaría general de la consejería correspondiente.
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7 - El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo que sucede a uno anterior:
Puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel siempre que las condiciones sean más favorables.
Puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel. En dicho supuesto se aplicará, íntegramente, lo regulado en el nuevo convenio.
No puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel aunque pueden ser objeto de actualización.
Puede disponer sobre los derechos reconocidos si previamente es comunicado a la autoridad laboral.
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8 - El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece como una de las normas comunes para su aplicación a las personas que suscriban un contrato formativo que:
La acción protectora de la Seguridad Social comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo pero no la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
La acción protectora de la Seguridad Social comprenderá todas las contingencias protegibles y determinadas prestaciones, no incluyendo el desempleo.
La acción protectora de la Seguridad Social comprenderá exclusivamente el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
La acción protectora de la Seguridad Social comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
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9 - El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, respecto al número de las horas extraordinarias al año, regula que:
No podrán superarse, en ningún supuesto, ochenta al año.
No podrán superarse sesenta al año, salvo para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
No se computarán las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.
No se computarán las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los seis meses siguientes a su realización.
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10 - Un requisito establecido en la Orden de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, es la elaboración de un plan económico-financiero donde se pongan de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución que incluya una memoria económica:
Para los proyectos de inversión, cuya cuantía supere los 100.000,00 euros.
Para los proyectos de inversión, cuya cuantía supere los 500.000,00 euros, excepto los financiados con fondos procedentes del instrumento de recuperación “Next Generation EU”.
Para la contratación de los servicios cuya cuantía supere los 750.000,00 euros.
En ningún supuesto, salvo para empresas regionales y entidades de derecho público.
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