Parte 2 - Primer ejercicio tipo test - Grupo Técnico de la Función Administrativa (OPE 2022-2023) Servicio Riojano de Salud 18/10/2025

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1 - Según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo:
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de cualquier riesgo y vigilancia de su estado de salud.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo cuyo plazo se haya previsto y vigilancia de su estado de salud.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, vigilancia de su estado de salud y adopción de las medidas organizativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la empresa en esta materia.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.
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2 - ¿Qué plazo máximo tiene el empresario para notificar a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores que se produzcan con motivo del desarrollo del trabajo (accidentes y enfermedades profesionales), según lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?:
La Ley no establece un plazo, sino que exige la notificación inmediata.
10 días hábiles desde que el daño se produce.
La notificación se debe hacer conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.
30 días naturales desde el conocimiento del daño.
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3 - ¿Cuál no es una de las funciones encomendadas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para la consecución de sus objetivos?:
Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Sancionar a las organizaciones que no cumplan las obligaciones de transparencia, contratación pública y adecuada gestión presupuestaria.
Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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4 - La implantación de un sistema de video-vigilancia en el almacén de farmacia del Hospital San Pedro:
Exige informar a los funcionarios que deban usar el almacén de manera previa, expresa e inequívoca, sobre la finalidad de control de la actividad laboral.
Exige el consentimiento inequívoco de los trabajadores que deban usar el almacén.
No es necesario informar a los funcionarios que deban usar el almacén de manera previa, expresa e inequívoca, sobre la finalidad de control de la actividad laboral.
Exige la autorización de la Delegación del Gobierno de La Rioja.
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5 - La persona o entidad obligada a garantizar y ser capaz de demostrar que el tratamiento se realiza de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) es:
El responsable del tratamiento
El delegado de protección de datos.
La autoridad de control.
La Consejería competente en materia de tecnologías de la información.
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6 - El funcionario interino Alonso, en el trámite de audiencia de un procedimiento disciplinario abierto en su contra, manifestó que el Inspector Fernández daba instrucciones por teléfono móvil al Instructor del expediente para saciar su sed de venganza. Como consecuencia de estas manifestaciones, el funcionario Alonso fue objeto de un segundo expediente disciplinario que se resolvió con la imposición de una sanción de suspensión de funciones por seis meses por la comisión de la falta de grave de desconsideración con un compañero. Desde su punto de vista, elija la afirmación más correcta:
La manifestación implica la imputación de un delito y por tanto es tipificable como una falta de grave desconsideración con un compañero.
La calidad de funcionario del Sr. Alonso limita su libertad de expresión en relación con compañeros, superiores y subordinados.
La manifestación es producto del derecho a la libertad de expresión en el marco del expediente sancionador.
La manifestación implica la imputación de un delito no probado y por tanto es tipificable como una falta de grave desconsideración con un compañero.
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7 - La Dirección de Recursos Humanos en el acto administrativo de nombramiento como estatutario fijo establece que la persona nombrada debe residir en la localidad donde figura su puesto de trabajo o, al menos, en su área metropolitana. La persona nombrada, en desacuerdo con la citada obligación, decide interponer un recurso. Aconseje, desde el punto de vista de la jurisdicción, la vía procesal que requiere menos trámites para la recurrente:
El recurso administrativo que proceda, de acuerdo con la Ley 39/2015.
El recurso contencioso administrativo de la Ley 29/1998.
El recurso de amparo de la Ley Orgánica.
El recurso contencioso administrativo regulado en la Ley 62/1978.
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8 - Señale, en relación con los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidos en la Constitución, la afirmación más correcta referida al Real Decreto- Ley:
Al Real Decreto-Ley le está vetada cualquier regulación que afecte a los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidos en el Título I.
Al Real Decreto-Ley le está vetado el régimen general de regulación de algún derecho fundamental, salvo que no exista regulación legal vigente y sea necesaria y urgente su regulación.
Al Real Decreto-Ley le está vetada toda regulación que afecte al contenido esencial de los derechos fundamentales o de las libertades públicas recogidos en el Título I que no sea convalidada posteriormente mediante Ley.
Al Real Decreto-Ley le está vetada la regulación de elementos esenciales que afecten a los derechos, deberes y libertades recogidos en el Título I.
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9 - Recaída una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de un Decreto se plantea la duda sobre la revisión de los actos administrativos dictados en aplicación del citado Decreto. Al respecto, se le solicita que indique la manera más correcta de actuar en derecho:
Propone revisar todos los actos de aplicación del Decreto con la incoación de procedimientos de revisión que en cada caso corresponda.
Propone que se revisen exclusivamente los actos no firmes a la fecha en que se dictó la sentencia.
Los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional tienen efectos “ex tunc”.
Los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional tienen efectos “ex nunc”.
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10 - La verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y su Ley Orgánica, corresponde:
A las correspondientes Comisiones parlamentarias en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos.
Al Consejo General del Poder Judicial.
Al Tribunal Constitucional.
A la Sala Especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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