Test 8 - Ley 39/2015, de 1 de octubre

1 - Indica el art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que durante el trámite de audiencia los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo de:

No inferior a diez días ni superior a veinte.

No inferior a diez días ni superior a quince.

No inferior a quince días ni superior a veinte.

No inferior a veinte días, en ningún caso.

2 - Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas: Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de:

Dos meses.

Tres meses.

Un mes.

Quince días.

3 - Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Las entidades sin personalidad jurídica.

Las personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Ninguna es correcta.

4 - Las solicitudes que formulen los interesados, conforme al art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

No tienen que ir firmadas.

No es necesario que contengan el órgano al que se dirigen.

Han de contener nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

Todas las anteriores son ciertas.

5 - Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativa a caducidad y sus efectos.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

La caducidad no producirá la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero en los procedimientos caducados se interrumpirá el plazo de prescripción.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa no imputable al mismo, se producirá la caducidad del procedimiento transcurridos tres meses.

6 - Los informes emitidos (artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) serán:

Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y vinculantes.

Salvo disposición expresa a favor, facultativos y no vinculantes.

Salvo disposición expresa en contrario, preceptivos y no vinculantes.

Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes.

7 - Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a obligaciones.

Formular solicitudes, presentar declaraciones legales, interponer demandas, desistir de acciones y renunciar a obligaciones.

Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer demandas, desistir de acciones y renunciar a derechos.

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