Parte 1 - Examen Técnico/a Administración General (cinco plazas) Ayuntamiento de Santander 13/2/2025

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1 - Según prevé el artículo 30 de la Ley 39/2015, sobre cómputo de plazos, los plazos expresados por horas:
No podrán tener una duración superior a 24 horas.
No podrán tener una duración superior a 48 horas.
No podrán tener una duración superior a 72 horas.
Se contarán de hora en hora, de minuto en minuto y de segundo en segundo.
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2 - La audiencia a los interesados en el procedimiento, según dispone el artículo 82 de la Ley 39/2015:
Se concede tras recibir el Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que estos formaran parte del procedimiento.
Se concede tras notificar la propuesta de resolución.
Se concede inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
Podrá suprimirse cuando figuren en el procedimiento otros hechos y otras alegaciones y pruebas distintas de las aducidas por el interesado.
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3 - Por lo que respecta a la obligación de resolver prevista en el artículo 21 de la Ley 39/2015:
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos sin excepción.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de 6 meses.
Rige también para los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
Se exceptúan los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
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4 - En materia de recursos administrativos, señale la afirmación correcta, de conformidad con la Ley 39/2015:
Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.
Pone fin a la vía administrativa la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que derive de una relación privada.
Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo de 15 días aleguen cuanto estimen procedente.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos 10 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.
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5 - Según prevé el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si las leyes que las establezcan no se pronuncian al respecto, las infracciones prescribirán:
A los tres años, las graves.
Al año, las graves.
A los seis meses, las leves.
Al año, las leves.
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6 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, son nulos de pleno derecho, los actos de las Administraciones Públicas:
Dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
Dictados por órgano jerárquicamente incompetente.
Contrarios al ordenamiento jurídico por los que se deniegan facultades o derechos cuando se dispone de los requisitos esenciales para su adquisición.
Que lesionen los derechos y libertades recogidos en la Constitución.
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7 - Tal y como dispone el artículo 109 de la Ley 39/2015, referente a la revocación de actos:
Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos, previa declaración de lesividad.
Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la revocación se adoptará por el Pleno de la Corporación.
La revocación no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables.
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8 - Según prevé el artículo 81 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial:
Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión.
El dictamen que proceda del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma se emitirá en el plazo de dos meses.
Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 10.000 euros, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado.
El órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde que se recibe el dictamen del órgano consultivo, dictará una propuesta de resolución.
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9 - De conformidad con la Constitución española de 1978:
La participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos constituye un derecho fundamental.
La participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos se enmarca en los principios rectores de la política social y económica.
El urbanismo es una competencia exclusiva del Estado.
Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de urbanismo, pero el Estado debe regular las bases mediante ley orgánica.
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