1 - Conforme a lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, son anulables:
Los actos de las Administraciones Públicas que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
Los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
2 - Atendiendo a lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que:
Establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos colectivos.
Vulneren otras disposiciones administrativas de igual rango.
Regulen materias reservadas a la Ley.
3 - Conforme a lo recogido en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones y actos a que se refiere el art. 112.1 de la citada Ley podrán ser recurridos en alzada ante:
El órgano superior jerárquico del que los dictó, cuando no pongan fin a la vía administrativa.
Ante el órgano que los dictó, cuando pongan fin a la vía administrativa.
No pueden ser recurridos en alzada las resoluciones y actos recogidos en el artículo 112.1.
4 - El plazo para la interposición del recurso de alzada, conforme a lo recogido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de:
Un mes si el acto fuera expreso.
Un mes si el acto fuera presunto.
Un mes en todo caso.
5 - A tenor de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se podrá interponer contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra la circunstancia siguiente:
Que aparezcan documentos para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
Que en la resolución hayan influido documentos o testimonios declarados erróneos, anterior o posterior a aquella resolución.
6 - La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, refiere en su artículo 14 que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
Las funciones administrativas de sanción y ejecución.
Los intereses sociales y culturales.
La protección del medio ambiente.
7 - Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, las entidades de derecho público con personalidad jurídica, vinculadas a cualquier Administración Pública o dependientes de ella, incluidas las Universidades Públicas, publicarán aquella información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública :
Anualmente.
Cada vez que reciban una solicitud de acceso.
De forma periódica y actualizada.
8 - Conforme al artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
Que se refieran a información que no esté en curso de elaboración o de publicación general.
Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
Relativas a información para cuya divulgación pueda ser necesaria una acción previa de reelaboración.
9 - La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato constitucional establecido en el artículo:
9.3 de la Constitución.
18.3 de la Constitución.
18.4 de la Constitución.
10 - RESERVA 4. Según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de:
Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de tres meses.
Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad grave y por el plazo máximo de un mes.
Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.