Parte 7 - Examen tipo test - Grupo técnico de la Función Administrativa SESCAM 21/04/2024

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1 - Se considera parte demandada de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:
El ministerio fiscal en todo caso.
Los funcionarios causantes del daño por responsabilidad patrimonial.
Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
La Administración territorial que ejerza la fiscalización sobre un órgano o corporación, cuando aprueba íntegramente el acto o disposición dictado por esta, sujeto a fiscalización.
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2 - Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada:
Deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, excepto determinados supuestos.
Deberá plantear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Deberá plantear a la Administración pública autora de la norma su derogación.
Deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Supremo, en todo caso.
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3 - El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra una actuación en vía de hecho, según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, será de:
Dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la vía de hecho.
Seis meses desde el día en que cesó la actuación administrativa en vía de hecho.
Si hubiere requerimiento, será de veinte días desde que no hubiere sido atendido este.
Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
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4 - De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la anulación por sentencia firme de una disposición de carácter general:
Producirá efectos solo en las personas parte en el procedimiento.
Afectará a la eficacia de los actos administrativos firmes que aplicaron la disposición antes de su anulación.
Tendrá efectos generales desde el día de la publicación del fallo y los preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que se publicó la disposición anulada.
Permite a los tribunales determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de la disposición general anulada.
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5 - De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, si se desiste del recurso porque la Administración demandada hubiera reconocido totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, y después la Administración dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor:
Podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendiéndose al acto revocatorio.
Deberá presentar un nuevo recurso contencioso contra el acto revocatorio.
Deberá presentar un nuevo recurso administrativo contra el acto revocatorio.
Deberá presentar una cuestión de ilegalidad.
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6 - Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional competente para conocer las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores es:
La jurisdicción contencioso-administrativa.
La jurisdicción civil.
La jurisdicción contencioso-administrativa para las cuestiones que afectan a la preparación y la civil para las relativas a la adjudicación.
La jurisdicción civil para las cuestiones que afectan a la preparación y la contencioso-administrativa para las relativas a la adjudicación.
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7 - De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos mixtos:
El régimen jurídico de preparación y adjudicación se determinará de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El régimen jurídico de sus efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El régimen jurídico de adjudicación y extinción se determinará, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El régimen jurídico de preparación, adjudicación, efectos y extinción se determinará, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8 - Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la determinación del precio de los contratos de servicios se utilizarán los siguientes sistemas:
Componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, por convenio colectivo, de honorarios por tarifas y una combinación de varias de estas modalidades.
Componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.
Componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, por convenio colectivo y a tanto alzado siempre que sea posible.
Componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, preferentemente a tanto alzado y de honorarios por tarifas.
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9 - Según lo que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con la garantía provisional, señala cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
Como regla general no procederá la exigencia de garantía provisional.
Como regla general, no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo en los contratos sujetos a regulación armonizada.
No procederá la exigencia de garantía provisional en ningún procedimiento de contratación salvo previsión expresa por norma de rango legal.
Procederá la exigencia de garantía provisional en todos los procedimientos de contratación salvo que por motivos de interés público el órgano de contratación no lo considere necesario.
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10 - Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando en un contrato mixto uno de sus elementos sea una obra:
Deberá elaborarse un proyecto cuando el valor estimado del contrato supere los 50.000 € y acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad.
Deberá elaborarse un proyecto si el presupuesto total del contrato supera los 50.000 €.
Deberá elaborarse un proyecto cuando el importe de la obra supere los 50.000 €.
Deberá elaborarse, en todo caso, un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la Ley citada.
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