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1 - De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberá:
Quedar justificada expresamente en la exposición de motivos.
Evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias.
Supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos.