Parte 6 - Primer ejercicio tipo test - Grupo de Gestión de la Función Administrativa (OEP 2022-2023) Servicio Riojano de Salud 17/01/2026

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1 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el sentido de la sentencia en el recurso contencioso-administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a su tenor literal?
La sentencia solo podrá estimar el recurso cuando exista infracción formal del procedimiento, pero no por infracción material del ordenamiento jurídico.
La sentencia deberá desestimar el recurso siempre que el acto haya sido dictado por órgano competente, con independencia de su adecuación material al ordenamiento jurídico.
La sentencia desestimará el recurso cuando el acto, disposición o actuación impugnados se ajusten a Derecho, y lo estimará cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder.
La desviación de poder solo puede apreciarse si así se determina previamente en vía administrativa, pero no directamente en sede judicial.
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2 - Según el artículo 26 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respecto de la impugnabilidad de los actos de trámite:
Los actos de trámite son, en todo caso, irrecurribles ante la jurisdicción contencioso- administrativa, ya que no ponen fin al procedimiento administrativo.
Los actos de trámite solo podrán impugnarse cuando afecten a derechos fundamentales, no siendo posible su impugnación en cualquier otro supuesto.
Son impugnables los actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, incluso aunque no pongan fin al procedimiento.
Los actos de trámite únicamente podrán impugnarse indirectamente a través del recurso que proceda frente al acto administrativo definitivo.
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3 - NO es una causa de resolución del contrato según el artículo 211 de la LCSP:
La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual.
La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento del contratista, salvo que se garantice la correcta ejecución del contrato.
La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista cuando esta sea inferior a un tercio del plazo total del contrato.
El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
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4 - Según el artículo 82.2 de la LCSP, es correcto afirmar que sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este artículo y en el artículo siguiente:
Para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.
Para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
Para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional.
Para la conservación de la clasificación deberá justificarse cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
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5 - Conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tienen la consideración de bienes patrimoniales aquellos:
Que no estén afectos al uso general ni al servicio público, pero únicamente si fueron adquiridos mediante compraventa.
Que hayan sido desafectados de dominio público, sin necesidad de acto formal de desafectación.
Que pertenezcan a la Administración y no tengan la condición de demaniales, sea cual sea el título de adquisición.
Que integren el dominio público, pero estén arrendados temporalmente a terceros.
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6 - Según el artículo 15 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre pueden adquirir bienes y derechos por distintos modos:
Solo pueden adquirir bienes por atribución de la ley, expropiación o compraventa, quedando excluidos los modos sucesorios y la ocupación.
Pueden adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico, incluidos la atribución de la ley, la expropiación, la herencia, el legado, la donación, la prescripción y la ocupación.
La adquisición de bienes por prescripción u ocupación requiere autorización expresa del Consejo de Ministros en todo caso, aunque la ley lo permita.
Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación pasan automáticamente a dominio público, sin necesidad de acto formal de afectación.
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7 - En materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, señale la respuesta correcta según lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio:
Los daños causados en cualesquiera bienes o derecho por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento normal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor.
La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales presupone por sí sola derecho a indemnización.
La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca.
La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de dos meses, a partir del día en que pudo ejercitarse”.
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8 - Los aspectos procedimentales de la responsabilidad patrimonial, es decir, sus especialidades y particularidades respecto del procedimiento administrativo común, están regulados:
En el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En las Leyes de Presupuesto Generales del Estado para cada año.
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9 - Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos:
Salvo en los casos de fuerza mayor.
Sólo si son consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios.
Si los daños se derivan de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquellos.
Si se trata de daños que tienen el deber jurídico de soportar.
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10 - Respecto de las formas de gestión de los servicios públicos, cuál de ellos NO es gestión directa:
Fundación del Sector Público.
Entidad pública empresarial.
Sociedad mercantil estatal.
Concesión.
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